La AngloGold Ashanti Mines tras el oro del sur de
Bolívar y del Nordeste Antioqueño
La militarización de la región buscaría desplazar a las fuerzas guerrilleras,
pero también a los mineros artesanales y campesinos que se convierten en una
verdadera molestia a la hora de privilegiar el saqueo de las multinacionales...
César Jerez - 5-8-05
Desde hace ocho meses se desarrolla una fuerte intervención militar en el
Nordeste Antioqueño y en la parte media del Valle del Río Cimitarra. La
operación ha incluido el traslado de más de tres mil hombres y el
establecimiento de bases militares en las veredas Cañaveral y Lejanías, en
jurisdicción del municipio de Remedios.
Se escucha igualmente entre los pobladores la pretensión del Ejército de
construir una base en la aldea comunitaria de Puerto Matilde, sitio donde
realiza parcialmente su proyecto de desarrollo local y de sustitución de
cultivos de coca la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). La
militarización regional se complementaría con la construcción de una base
militar de alta montaña en la Serranía de San Lucas.
Si bien las operaciones militares e incursiones paramilitares del Bloque Central
Bolívar son frecuentes en estos territorios de presencia histórica de las
FARC-EP y el ELN, la militarización actual tendría como marco asegurar el
territorio para la ejecución de proyectos agroindustriales, forestales y de gran
minería aurífera.
Operadoras estadounidenses de proyectos del Plan Colombia promueven masivamente
la siembra del monocultivo de cacao y la palma africana. El proyecto Midas
financiado por la Usaid, agencia gringa para el "desarrollo", contempla además
la posibilidad de explotar lo que queda de la reserva forestal del Nordeste
Antioqueño y el sur de Bolívar.
Estas iniciativas hacen parte de los "esfuerzos" de los Estados Unidos por
modernizar el campo del Magdalena Medio.
Pero tal vez la amenaza más preocupante que se cierne sobre los pequeños mineros
y campesinos de la región, unas 60 mil personas, la representa la multinacional
minera AngloGold Ashanti Mines, la segunda extractora mundial de oro, más
conocida en Colombia por el nombre de su filial Kedadha S.A., que ha solicitado
más de dos millones de hectáreas para la exploración y eventual explotación
aurífera en el país.
La militarización de la región buscaría desplazar a las fuerzas guerrilleras,
pero también a los mineros artesanales y campesinos que se convierten en una
verdadera molestia a la hora de privilegiar el saqueo de las multinacionales.
Hechos como el cierre de una mina artesanal en la vereda Carrizal, por parte del
Ejército, en el municipio de Segovia, o la imposibilidad de titular sus minas
con la que se han encontrado decenas de pequeños mineros en el Nordeste
Antioqueño y el sur de Bolívar evidencian que la concesión de decenas de miles
de hectáreas a la AngloGold es ya un proceso iniciado.
La ley de minas en su texto impide que sean solicitadas más de 10 mil hectáreas
por una sola empresa, persona natural o jurídica, pero la ley tiene un "mico"
(vacío jurídico de libre interpretación) que permite hacer multitud de
solicitudes al mismo tiempo, lo que le abre la posibilidad a las multinacionales
de quedarse con una extensión ilimitada para la prospección y explotación del
recurso.
La AngloGold, que explota minas en una gran cantidad de países con
regímenes lacayos, sometidos a los dictámenes del capital multinacional, en
África y América Latina tiene antecedentes como agenciador de estrategias
encubiertas de guerra sucia y paramilitarismo. El caso más conocido es el
patrocinio del Frente Nacionalista e Integracionista del Congo, acusado de
múltiples crímenes de lesa humanidad, cuyo accionar le posibilitó a esta
multinacional extraer oro de la mina Mongbwalu, en el nordeste de ese país
africano, tal como lo denuncia Human Rights Watch.
Las pretensiones de la AngloGold acabarán con la reivindicación territorial del
campesinado colono y desplazado, enmarcada en la Zona de Reserva Campesina del
Valle del Río Cimitarra, cuya existencia jurídica contemplada en la ley de
reforma agraria se encuentra curiosamente "congelada" de manera ilegal por el
gobierno de AUV. Se trata de 180 mil hectáreas en las zonas rurales de Yondó,
Remedios, San Pablo y Cantagallo, cuyos habitantes han conocido sólo la
presencia militar del Estado y la presión narcolatifundista y paramilitar sobre
sus tierras.
Según el vicepresidente Santos, "la AngloGold es un buen socio que traerá
desarrollo a la región mediante las regalías"; un representante de la Asociación
Nacional de Industriales (ANDI) justifica la entrega de nuestros recursos a las
multinacionales diciendo que "nosotros no debemos asustarnos de otorgar un área
importante a una empresa como esa"; por su parte, una funcionaría del Ministerio
de Minas, preguntada sobre el problema, lanza una leguleyada diciendo que "es
legal solicitar tierras para la exploración".
Mientras tanto, un campesino desplazado de la vereda Santo Domingo, al cual el
Ejército le ha prohibido trabajar en su cultivo de coca, dice: "nos prohibieron
trabajar, para completar hace una semana empezaron a fumigar indiscriminadamente
de nuevo, ahora salen con el cuento que viene una multinacional. Nos tienen
jodidos, sin futuro".