El Pueblo
Canario Necesita un Estatus de Soberanía
Brega Nº 21 Órgano del Expresión del
Partido Comunista del pueblo Canario
bregacanaria@telefonica.net
Tras
más de 20 años de funcionamiento del Estatuto de Autonomía otorgado al amparo de
la limitada y limitante Constitución Española de 1978, la unidad de Canarias
sigue siendo la gran asignatura pendiente. En este período, la burguesía y
sus partidos han demostrado una vez más que no tienen proyecto nacional
para Canarias y que el insularismo chovinista y fraccionador es la base de
su política y parte fundamental de su estrategia económica para mantener el
poder, estimular la división del pueblo y proseguir la explotación de la clase
obrera canaria y la depredación del medio.
El pueblo canario necesita un cambio que dé un giro radical al futuro de
“más de lo mismo” que prepara la
burguesía. Es momento de hacernos algunas preguntas: ¿Es suficiente el nivel de
democracia que se practica en Canarias; o la toma de decisiones sigue
secuestrada por un pequeño grupo de empresarios y dirigentes políticos? El
intenso flujo de capitales que circula por las islas, ¿Ha mejorado la calidad de
vida de la mayoría del pueblo canario;
sólo ha servido para enriquecer a unos pocos y someter a la dictadura del
consumismo a muchos? El modelo económico de turismo, construcción y grandes
infraestructuras, ¿garantiza el bienestar futuro de la población o destruye
territorio y recursos necesarios para un desarrollo sostenible? El
crecimiento de la capacidad de empleo, ¿ha reducido la jornada laboral, ha
elevado los salarios, ha mejorado las condiciones de trabajo, ha fortalecido el
ejercicio de derechos sindicales y ha aumentado la contratación estable;
o se ha intensificado la explotación del
trabajo asalariado y su indefensión? La inmensa cantidad de millones
gastada en el capítulo de cultura, ¿ha hecho más culto y participativo al pueblo
canario, ha propiciado la recreación de la identidad desde nuestro imaginario
cultural y nuestra memoria colectiva; o
se ha orientado a destruir las referencias identitarias y a propagar la
macdonalización cultural y a fomentar la cultural elitista y decadente de la
burguesía? Las políticas de servicios públicos, ¿han mejorado la
preparación educativa, la atención sanitaria, la protección social frente a todo
tipo de violencias, abandonos y carencias; han propiciado mayores niveles de
igualdad o están sirviendo para transferir grandes sumas de los presupuestos
públicos a la empresa privada, reduciendo significativamente las posibilidades
sociales, de salud y de igualdad de crecientes sectores populares?
Las respuestas a estas preguntas nos confirman en la conclusión de que es
necesario un giro radical. La burguesía y sus partidos políticos ya han
demostrado qué intereses defienden y seguirán defendiendo. La clase obrera
canaria, en alianza con los demás sectores populares desde siempre golpeados por
los intereses burgueses, es la única clase social con intereses unitarios y
fuerza suficiente para luchar por ese viraje global que derrote a las fuerzas
insularistas de la burguesía y haga que el interés de Canarias sean los
intereses y derechos del pueblo. Esa misma condición objetiva de intereses
unitarios y fuerza numérica organizable crea las condiciones para que la clase
obrera canaria se constituya en la primera clase nacional canaria en un proceso
constituyente que lleve hasta la victoria completa el proceso de giro radical
por el que hay que luchar desde hoy, combinando objetivos estratégicos con
conquistas parciales y cercanas, objetivos éstos que el PCPC concreta en su “Programa
Básico de Democratización y Avance Popular” aprobado por el Comité
Nacional del PCPC.
La reforma del Estatuto que ejecutan la CO.CA. PSOE, PP y otros asimilables va
en dirección contraria al proceso constituyente que ponga a Canarias en manos de
su pueblo. Por ello, el PCPC rechaza la reforma del Estatuto de Autonomía que
hace el actual Parlamento de Canarias a
espaldas del pueblo, ya que sigue las viejas directrices de reforzar el
insularismo caciquil, mantener la división del pueblo canario e impedir su
participación protagonista en todos los temas que afectan a Canarias.
El PCPC llama a luchar por un Estatuto de Soberanía que recoja propuestas
como las siguientes como parte del proceso constituyente hacia la
autodeterminación, la república y el socialismo:
1.
Un espacio geográfico nacional: Las islas, sus aguas
archipielágicas y la zona económica exclusiva delimitada en torno a las 200
millas.
2.
La unidad de Canarias, a través de dotar a la clase obrera del
archipiélago de un proyecto común que la burguesía ha sido incapaz de tener a lo
largo de la historia. Marco canario de relaciones laborales.
3.
Un gobierno nacional, que concentre todas las competencias
estratégicas, alterando la naturaleza de los Cabildos para convertirlos en
órganos del Gobierno de Canarias.
4.
Democracia: Adopción de un sistema electoral cuya circunscripción
principal sea todo el archipiélago, mediante lista única nacional dominante.
Consulta popular para la aprobación de los Presupuestos Generales.
5.
Economía: Plan económico integrado y complementario, acabando con
la competencia entre islas. Fusión de las dos cajas de ahorro. Empresas públicas
canarias de agua, transporte, electricidad y energías. Un REF para el pueblo:
rebaja fiscal permanente para los sectores asalariados. Eliminación de la
Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), privilegio que exime del pago de
impuestos al empresariado.
6.
Territorio: Protección del medio y garantías contra la
especulación.
7.
Contra la privatización: servicios sociales públicos, tanto en su
titularidad como en su gestión.
8.
Política internacional:
Estatuto de Neutralidad, política activa de paz, defensa de las
soberanías nacionales, cooperación y derechos sociales, humanos y laborales para
todos los inmigrantes. Derecho de consulta y veto en asuntos de interés y alto
interés para Canarias.
El PCPC pone a la consideración del pueblo canario y de todos sus sectores
progresistas estas propuestas y llama a preparar una campaña conjunta que eleve
la conciencia y participación del pueblo canario en torno a la definición del
marco jurídico de Canarias y denuncie el déficit democrático del Estatuto de
Autonomía y sus reformas. La celebración de un referéndum, dando voz y voto al
pueblo canario frente a la marginación a que ha sido sometido históricamente por
el insularismo de la burguesía, es una exigencia democrática básica para
propiciar un amplio debate social sobre tan trascendental tema, rescatándolo del
secuestro parlamentario.
RIC: UN ROBO DE MILLONES AL PUEBLO CANARIO
La cuestión del diferencial fiscal de Canarias con respecto al resto del Estado
tiene raíces históricas en el particular proceso de colonización, y en el
posterior desarrollo del modelo capitalista en las islas.
Nuestra realidad ha estado siempre determinada por la ausencia de una burguesía
capaz de impulsar un proceso de acumulación de capital que promoviera la
articulación política y la construcción de elementos vertebradores de las
diferentes clases sociales. El recurso a la división de nuestro pueblo, al calor
del insularismo, ha sido una simple estratagema de los grupos sociales de origen
caciquil que en Canarias siempre han mantenido el poder.
Incapaces de desarrollar un mínimo proceso de acumulación capitalista, las
clases que constituyen el bloque del poder han recurrido siempre a prácticas
pedigüeñas y mendicantes ante el poder central –ahora también ante los amos de
la Unión Europea.
La reivindicación del diferencial fiscal se justifica en Canarias por el mayor
coste de la vida para las clases populares (debido, en buena medida, al carácter
dependiente del modelo económico y al robo de los fondos REA –Régimen Especial
de Abastecimiento- nuestra cesta de la compra es de un coste muy superior al de
cualquier lugar de tierra continental) y por la repercusión del coste de los
transportes que supera al de cualquier otra economía.
Amparándose en esta situación objetiva, las burguesías insularistas han
aprovechado la ocasión para llevar a su propio bolsillo lo que debería ser una
reducción fiscal generalizada para el conjunto del pueblo asalariado.
A tal extremo han llegado las cosas que, al día de hoy, cualquier
trabajador/trabajadora paga puntualmente sus impuestos como si viviera en el
centro de Madrid y los empresarios radicados en las islas quedan exentos de la
mayor parte de sus impuestos. Dicho claramente:
en Canarias NO pagan impuestos los
empresarios y SI los pagan los sectores populares.
Las últimas gestiones del gobierno ante Bruselas han dado como resultado la
prolongación, por siete años más, de estas regalías fiscales.
Hasta el día de hoy la burguesía ha acumulado algo así como dos billones de
pesetas (así se entiende mejor la cifra) y esperan seguir con cantidades de este
rango en el próximo período.
Este ingente dinero –teóricamente destinado a hacer crecer las empresas y el
empleo-, se destina a todo tipo de gastos suntuarios, a la especulación
inmobiliaria, provocando un encarecimiento de todo el mercado de vivienda, y a
otros destinos parasitarios.
La ocasión para revertir esta situación habría estado en la redacción de un
nuevo Estatuto para las islas que -junto a otros objetivos de transformación
política- abordara una propuesta de un nuevo REF centrado en la rebaja fiscal
generalizada para las economías de los sectores populares. Y que, así, el llenar
el carrito de la compra o enviar a los hijos/hijas a estudiar no resultara un
sacrificio tan grande como el que tiene que realizar nuestro pueblo todos los
días.
Pero, con los partidos en el poder, y la clase a la que representan todos ellos,
eso no será posible.
La situación espera por un proyecto político de las grandes mayorías –una amplia
alianza de izquierdas- que derrote la
tutela histórica de las clases parasitarias sobre nuestro pueblo;
auténticas sanguijuelas que se alimentan de las madrugadas y de las horas
extras de cientos de miles de hombres y mujeres de esta tierra que cobran
salarios de miseria y pagan los impuestos que correspondería pagar a los ricos.
Carmelo Suárez
NUEVAS REFORMAS: LA CLASE OBRERA PAGA DE NUEVO
“Queremos despidos más atractivos para los empresarios”
Jesús Caldera, Ministro de Trabajo
El Gobierno del PSOE, en coordinación con la patronal y grandes sindicatos, ha
firmado el “Acuerdo para la mejora del crecimiento y del Empleo”. Nueva reforma
laboral hecha para favorecer el incremento de los beneficios de los capitalistas
en el Estado Español en lo que, después de tantos años, se ha convertido en
reforma laboral permanente. Desde la derogación del la Ley de Relaciones
Laborales, de 1976, la firma de los Pactos de la Moncloa, el mismo año, y la
posterior aprobación del “Estatuto de los Trabajadores” (1980), cada reforma
laboral ha ido cambiando el marco jurídico en que han de desenvolverse las
relaciones laborales siempre en el mismo sentido: hacia una pérdida de derechos
por parte los trabajadores y trabajadoras. Esta última va en la misma línea.
Esta vez, las cúpulas de CCOO y UGT, no solo no han contado con los trabajadores
y trabajadoras a la hora de la negociación y de la firma, sino que, además, en
este nuevo capítulo de agresión a nuestros intereses como clase, ha existido un
hecho aún mas grave: el secretismo y el oscurantismo en el que se han ido
desarrollando las negociaciones.
Muy resumidamente, y refiriéndome a las medidas de mayor incidencia social, esta
reforma contiene lo siguiente:
El abaratamiento del despido improcedente, al extender a todos los
contratos temporales que se conviertan en indefinidos, a través del Contrato
para el Fomento de la Contratación indefinida, la indemnización de 33 días de
salario por año trabajado con un tope máximo de 24 mensualidades, en lugar de
los 45 días y 42 mensualidades que se vienen abonando a los contratos
indefinidos o fijos en plantilla.
Con la firma de este acuerdo, los empresarios logran una reducción
multimillonaria de las cotizaciones a la Seguridad Social por partida
múltiple:
- Por la rebaja de medio punto en el seguro de desempleo de forma gradual, a un
ritmo de 0,25% anual.
- Por la reducción de las cotizaciones al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
que pasarán del 0,40 actual al 0,20%.
- Por la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social a los empresarios
que transformen los contratos temporales -de trabajadores menores de 30 años- en
indefinidos antes del 1 de enero del 2007.
- Por el plan extraordinario de bonificaciones, que contempla que las empresas
reciban 800 euros anuales por todos los contratos temporales, suscritos antes
del 1 de junio de 2006, que transformen en fijos antes de 1 de enero de 2007.
Estas bonificaciones tendrán una duración de cuatro años y su cuantía será fija.
Establece también, para el empresariado, otro plan de bonificaciones al empleo
indefinido inicial, que incluirá a los jóvenes de 16 a 30 años, entre otros
colectivos. Éstas, además, tendrán una duración de cuatro años, frente a los dos
actuales, y sus cuantías oscilarán entre los 500 y los 3.200 euros al año,
dependiendo del colectivo al que vaya dirigido el contrato. La cantidad más baja
corresponderá a las conversiones de contratos formativos, de relevo y de
sustitución por jubilación, con una bonificación de 500 euros al año. Las
bonificaciones más altas, de 3.000 y 3.200 euros, se dirigirán a las personas
con discapacidad y, en este supuesto, se mantendrán durante toda la vigencia del
contrato fijo.
Seguirá la contratación temporal abusiva, puesto que para forzar a los
empresarios a que un contrato eventual se convierta en indefinido hará falta
demostrar haber trabajado dos años en el mismo puesto durante un período de tres
(no en la misma empresa o en una subcontrata). Hoy, la inmensa mayoría de los
contratos temporales están hechos en fraude de ley y los trabajadores afectados
tienen el derecho a que se les reconozca la condición de “fijos en plantilla”.
Firmada esta reforma laboral, Gobierno español, patronal y cúpulas de CCOO y UGT
vuelven a dar otra puñalada a la clase obrera, firmando una nueva reforma de
las pensiones en la que han acordado, entre otras medidas, subir en dos
años y 45 días el período de cotización necesario para recibir una pensión
contributiva; exigir dos años de vínculo conyugal para la viudedad; atrasar un
año la jubilación parcial; y fomentar el seguir trabajando más allá de los 65
años.
La patronal ha conseguido, de nuevo, entre otras ventajas, un nuevo
abaratamiento de los costes laborales por la ampliación a los trabajadores
indefinidos de 59 años de las bonificaciones existentes para los mayores de 60
años, con cinco años de antigüedad.
En cuanto a la jubilación, esta contrarreforma amplía el período de carencia
(exigido para tener derecho a una prestación contributiva) de 4.700 a 5.475
días. Mantiene los 15 años actuales, pero especifica que deberán ser "efectivos"
y responder a un "equivalente real en días/cuota". El ajuste se realizará en
cinco ejercicios, a un ritmo aproximado de 77 días por semestre.
Respecto a la viudedad, su cobro dentro del matrimonio requerirá dos años de
vínculo conyugal o tener hijos. Si no se dan estas condiciones, la prestación
será temporal. El período de convivencia en las parejas de hecho será "amplio",
aunque en este supuesto la prestación sólo existirá si el fallecido tenía "un
peso importante en la economía del hogar". También se prevé que la pensión se
reformule para los nacidos después del 1 de Enero de 1967.
Se endurecen los requisitos para la jubilación anticipada. Sube un año la edad
para acceder a este tipo de situación, de 60 a 61, salvo para los trabajadores
"mutualistas". La ampliación será de dos meses por cada 12 de vigencia de la
reforma, para que en seis ejercicios esté concluida.
Además, se limita a los 53 años cualquier retiro y refleja el compromiso de
adoptar medidas normativas para gravar a las empresas que expulsen de su
plantilla a los empleados de más edad. En cambio, para todos aquellos que
alarguen su vida laboral habrá beneficios con pensiones superiores. Esto es, la
masa restante de las pensiones para los que se jubilen a los 65 años disminuirá.
Por si fuera poco todo esto, nos han endosado también una reforma fiscal para
incrementar aún mas los beneficios empresariales por la vía de reducir en cinco
puntos el tipo que grava los beneficios de las empresas, que quedará
progresivamente en el 30% para las grandes empresas y el 25% para las pequeñas y
medianas.
Y, como las reformas continuarán, ahora nos anuncian la promulgación de un una
nueva reforma sobre la negociación colectiva, que, vista la experiencia de 30
años de traiciones de los grandes “sindicatos”, empeorará mucho más la capacidad
de negociación de los convenios colectivos. Son muchos los cientos de miles de
trabajadores y trabajadoras que en el actual Estado Español carecen de convenio
colectivo o que tienen sus convenios vencidos desde hace años por culpa de la
¿dejadez o venta descarada a los intereses empresariales? de CCOO y UGT.
En el PCPE somos conscientes, y la experiencia histórica lo ha ido demostrando,
que estas políticas sólo se pueden derrotar desde la más amplia unidad
combatiente de la clase trabajadora, por lo que hacemos un llamamiento A LA
UNIDAD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS en forma de lucha permanente, pues si
el ataque es continuo, la movilización ha de ser sostenida y de masas, y sin la
exclusión a priori de ninguna fuerza que se reclame de clase. Hoy, la clase
obrera necesita de movilizaciones radicales y consecuentes que se desarrollen
con la firme voluntad de derrotar las políticas económicas, impulsadas por el
gobierno Zapatero y aplaudidas por la patronal. Sólo con esas prácticas será
posible ganar la confianza de los sectores más conscientes de la clase obrera y
levantar una alternativa sindical que represente consecuentemente los intereses
de trabajadores y trabajadoras.
Fuentes consultadas: web del PCPE, web del FSOC, Magec, diarios y otros
medios
Eugenio Padilla
Miembro del Consejo Nacional del FSOC y del Comité Nacional del PCPC
www.pcpe.es
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tf: 928 36 24 56