"Cuando los pobres cogen las armas decididos a jugarse la vida combatiendo a un “gobierno” opresor, todo indica que ya no tienen nada que perder"
La guerrilla desafía a Calderón
Pablo Cabañas Díaz
* Los servicios de seguridad e inteligencia absorben 40 por ciento del presupuesto de Gobernación *El Cisen, en restructuración, consume mil 114 millones de pesos al año *Valdés Castellanos no pasó la prueba *Documentados, 30 enfrentamientos del EPR y el Ejército *El Grupo Antiterrorismo tiene identificados a 40 grupos alzados en armas *"El EPR es una extensión armada del PRD": Gerardo Mosqueda
El
supuesto resurgimiento de una guerrilla que permanecía inactiva en México,
representa un nuevo desafío para el gobierno federal. Este escenario ejemplifica
la creciente vulnerabilidad de los organismos de seguridad nacional. Pero
también muestra claros signos de ineficiencia en virtud de que la operación de
los servicios de seguridad e inteligencia nacional absorbe cerca de 40 por
ciento del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob) para este año.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, la Segob no sufrió una merma importante, tras la aprobación en la Cámara de Diputados, ya que la reducción fue apenas de 83 millones contra los 5 mil 166 millones delineados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para las actividades de operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hay una partida de mil 114 millones 398 mil 723 pesos.
El Cisen tiene como objetivo alertar sobre la existencia de amenazas y riesgos internos y externos a la seguridad nacional, al tiempo de sistematizar la información que generan otros grupos de seguridad nacional, adscritos, por ejemplo, al Ejército y la Marina. Guillermo Valdés Castellanos, su actual director general, encabezó la empresa GEA-ISA (Grupo de Economistas y Asociados- Investigaciones Sociales Aplicadas), la encuestadora que en abril de 2006 emitió el primer sondeo que colocó a Felipe Calderón por arriba de Andrés Manuel López Obrador.
En esta misma ruta se condujo GEA-ISA en toda la campaña electoral; incluso fue Valdés el primero que definió al panista como ganador de la contienda a la Presidencia de la República, por una diferencia de dos puntos, cuando el resto de las encuestadoras se referían a un empate técnico entre ambos contendientes.
Valdés Castellanos, exalumno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), antes de su nombramiento como director general del Cisen se autodefinía como analista político. El exdirectivo de GEA-ISA recibió con su llegada al Cisen, su recompensa por haber apostado, siempre, en favor de Felipe Calderón, desde la etapa de precampaña. Valdés firmó, por ejemplo, junto con otros 134 intelectuales, un desplegado en el que se puntualizaban diversos argumentos para afirmar que en la elección del 2 de julio "no hubo fraude".
A tres años de que el Senado aprobara la Ley de Seguridad Nacional, ésta quedó definida como: "Un conjunto de normas, valores, personas, instancias y procedimientos, que tienen por objeto inmediato y directo la condición imprescindible de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, basada en la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, mantenimiento del orden constitucional y fortalecimiento de las instituciones, unidad nacional, cohesión social y la protección de la vida y derechos de los mexicanos".
El texto traza un control del Ejecutivo mediante el gabinete de seguridad nacional a través del secretario de Gobernación, sobre las actividades del Cisen al que se le da un encuadre jurídico y se delinean puntualmente sus competencias. La presencia de Valdés al frente del Cisen es un ejemplo de que esta institución no funciona como órgano de Estado. Por el contrario, los órganos del Estado en el área de inteligencia se encuentran inermes frente a la creciente inseguridad pública.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros revela que la rama del crimen organizado dedicada al robo de automóviles llega a 400 millones de dólares por año. A ello se añaden más prácticas criminales que producen cientos de millones de dólares como el secuestro, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), redes de prostitución y delitos financieros, tráfico de infantes, de órganos, de migrantes y de armas.
Es en este contexto, en el que de nueva cuenta aparece el Ejército Popular Revolucionario -EPR, resultado de un acuerdo de 14 organizaciones, entre ellas, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y el Partido de los Pobres (Pdlp). El EPR fue concebido por el PROCUP y el Pdlp el 3 de junio de 1994, semanas antes de la elección presidencial, pero apareció de manera activa dos años después. Su ideología se alimenta del "marxismo leninismo". Sus objetivos son una nueva Constitución, la "restitución de la soberanía popular" y de los "derechos fundamentales del hombre", la solución a las "necesidades inmediatas del pueblo" y el castigo a los culpables de la "opresión política, la represión, la corrupción, la miseria y el hambre".
Se le atribuyen los secuestros de los empresarios Alfredo Harp Helú, Jorge Sekiguchi y Ángel Losada, con los que habría cobrado varios millones de dólares.
De sus escisiones surgieron el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo y la Tendencia Democrática Revolucionaria.
Se documentan por lo menos 30 enfrentamientos entre el EPR y el Ejército Mexicano. En 1996, Ernesto Zedillo distinguió claramente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) respecto del EPR, sosteniendo que el segundo, a diferencia del primero, carecía de "base social" y había irrumpido "por la vía del terror" (La Jornada, 30-VIII-96).
De acuerdo con la información sobre grupos armados que ha proporcionado el Cisen, por solicitud de ciudadanos y recursos presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hasta agosto de 2005 el EPR se encontraba entre los cinco grupos armados "que han afirmado públicamente que cuentan con algún tipo de presencia en el Distrito Federal". Según la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por conducto del IFAI, hasta el primer trimestre de 2004 las fuerzas armadas habían sufrido 11 bajas "en enfrentamientos" con integrantes del EPR, el ERPI y el Ejército Revolucionario de Insurgencia Popular (ERIP). En el reporte entregado hace tres años a un solicitante de información, la Sedena precisa que "las bajas" son dos tenientes de infantería, cuatro sargentos segundos (uno de infantería, un cocinero, uno de sanidad y un conductor), así como tres soldados de infantería y dos de transmisiones.
La periodista Patricia de los Santos señala que las guerrillas conocidas en México están asentadas en el sur del país, principalmente en Guerrero, donde se tiene un registro de 19 grupos armados, seguido del estado de Chiapas con presencia de seis agrupamientos de esta naturaleza, Oaxaca e Hidalgo. Las cifras no coinciden, algunos sólo toman en cuenta a las "organizaciones" con mayor impacto en los medios de comunicación o de acuerdo a sus acciones de "aparición". De 1995 a la fecha, se tienen contabilizados entre 25 y 32 grupos armados en México.
El 27 de agosto de 2006, aparece un comunicado del EPR en el que manifiesta que la "irresponsabilidad del foxismo no sólo ha sido propiedad de él sino también de Televisa y Tv Azteca quienes sin recato alguno han optado desde el desafuero hasta nuestros días en seguir al pie de la letra los planes de la ultraderecha. Las televisoras le han apostado a defender la imposición de Calderón, inclusive defender la impunidad si existe una represión mayor".
En 2006 apareció el libro Lucha eperrista, del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, de María Luisa Vega y David Pavón Cuéllar. Una de las virtudes del trabajo es el tiempo que toman las entrevistas y la forma como se realizaron. Una parte presencial y otra por vía electrónica, que sirven para ir desentrañando paulatinamente el ideario del EPR.
El 3 de junio de 2007, el EPR envió un mensaje electrónico a una decena de periodistas del Distrito Federal en el que señalaba que "por medio de este conducto solicitamos a todos y cada uno de los directivos de medios de comunicación, a periodistas, apelando a su sensibilidad y solidaridad humana para que difundan el presente comunicado, ya que del conocimiento público de éste depende la vida de nuestros tres militantes secuestrados por el Estado mexicano".
También se mencionaba que "El 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca, entre las 20 y 22 horas en una acción fortuita de la policía fueron detenidos tres de nuestros militantes: Raymundo Rivera Bravo de 55 años, Edmundo Reyes Amaya de 50 años y un tercero del cual por el momento no tenemos sus datos personales". Además, denunciaba que sus compañeros militantes estaban siendo "torturados de manera brutal en las oficinas de la PGR por el Ejército, la AFI y agentes estadunidenses que fungen como asesores de la policía y el Ejército".
El 7 de julio, el portal electrónico de Proceso publicó un texto en el que Jorge Lofredo, coordinador del Centro de Documentación y Estudios de los Movimientos Armados de América Latina (Cedema), expresaba sus sospechas de que el Estado mexicano estuviera provocando al EPR para que saliera de la clandestinidad y lo aniquilara.
Lofredo explicaba que las desapariciones de dos presuntos miembros del EPR en Oaxaca, las amenazas telefónicas y por correo electrónico que habían recibido los hermanos Cerezo Contreras -hijos del supuesto líder del grupo guerrillero-, así como otras acciones formaban parte de un campaña para que esta organización armada responda por la vía armada y deje huellas que puedan delatarlo.
"Los recientes desaparecidos de Oaxaca tendrían vínculos familiares con la dirigencia del EPR, lo que llevaría a la conclusión de que se trataría, nuevamente, de que el objetivo de mantener en calidad de desaparecidos a Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya tiene por objetivo obligar a actuar al EPR, que estaría integrado, según el Cisen y las distintas corporaciones de seguridad, por el padre de los hermanos Cerezo Contreras. Ello desembocaría, nuevamente, en la estrategia de presos por consigna, o como ha dado en llamar el propio Comité Cerezo, rehenes del Estado mexicano", apuntó Jorge Lofredo.
Uno de los mensajes electrónicos dice textualmente: "¿Cómo están, calentitos? ¿Qué pedo con los desaparecidos? ¿familia? ¿adorado tío? ¿fabuloso padre? Así son las cosas de la vida otra vez en pedos la family, ni modos los tenemos bien cercas a ustedes tres, a los de La Palma y a tu querida familia, y a tu tiíto cara de culito y a su amiguito habladorcito que no para, y el otro también habla y habla, pero a lo mejor ya no hablan ya se quedan calladitos o ya les cargó la verga. Sólo diosito sabe, y también marxito y leninito culito. Dile a papito y a mamita que no sean cobardes, que hagan sus mamaditas para que vean cómo los vamos a poner a ustedes desnuditos y bien cojiditos. Pobre de tío y zapatito, se creían muy chingoncitos y cayeron como palomitas del sur. Hasta luego amorcitos. Desde la sierra del sur. Sus verdaderos padres."
La brutal amenaza, contenida en la nota de Proceso, no tuvo mayores repercusiones, pero es relevante para el análisis de lo que sucedió horas después. El 10 de julio de 2007, a través de un comunicado enviado a http://www.cedema.org/ el EPR aseguraba que "Tres pelotones mixtos conformados por unidades urbanas y rurales pertenecientes al destacamento 'Francisco Javier Mina' y contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado han realizado acciones quirúrgicas de hostigamiento, poniendo 8 cargas explosivas en los oleoductos de Pemex ubicados en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, Guanajuato, y en la válvula de seccionamiento de Coroneo, activadas simultáneamente a la 1:00 horas de los días 5 y 10 de julio".
El argumento central señala que las acciones de hostigamiento no se detendrán hasta que les presenten con vida a dos presuntos compañeros detenidos en Oaxaca. "A nuestro pueblo le informamos que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca".
Ese polémico texto adjudicado al EPR, omite señalar que el Grupo Antiterrorismo del Cisen tiene identificados a alrededor de 40 organismos insurgentes y a sus principales dirigentes. Los datos son precisos y rigurosos. Por ejemplo, con personal de inteligencia del Cisen, el Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva y la Secretaría de Marina se conformó un diagnóstico en donde se revela que 36 grupos subversivos tienen representantes en Oaxaca. En esa entidad se ubicó, además del EPR, ERPI y FARC, a la Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre, Brigada Popular de Liberación, Colectivo Revolucionario Francisco Javier Mina, Comando Campesino Insurgente, Comando Jaramillista, Comando Magonista de Liberación, Comando Popular Clandestino y Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero. También al Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro, Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio, Comité de Resistencia Popular Viva Villa, Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos, Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos y Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca.
Al respecto, la Sedena movilizó a casi la totalidad de los 5 mil elementos del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, tras los ataques a ductos de Pemex. Este grupo de élite fue creado el 9 de mayo y está bajo las órdenes directas del presidente de la República.
De acuerdo con fuentes castrenses, el 10 de julio pasado el titular de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, se reunió en la Sala de Juntas de la dependencia con los comandantes de las 12 regiones y 45 zonas militares del país para darles a conocer las directrices de seguridad, tras los estallidos en Guanajuato y Querétaro. En la reunión que duró más de dos horas, Galván recibió informes sobre movimientos y presencia de la guerrilla en el país.
Ordenó triplicar la vigilancia estratégica en la nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz, así como en las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas, en Tabasco. La vigilancia militar en termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y plantas industriales se sumó a la que realizan la Semar y elementos de la Policía Federal Preventiva en 142 instalaciones, entre las que se encuentran refinerías, terminales marítimas y de almacenamiento, así como las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.
En este contexto, llama la atención que el secretario de Gobierno del estado Guanajuato Gerardo Mosqueda, cuyo seudónimo fue Alcázar -otorgado durante su juramentación en honor al general español José Moscardó, según el testimonio de Luciano Ruiz, fundador del Yunque y más recientemente es reivindicado el sobrenombre de Vekemans, en honor a un sacerdote jesuita belga-, haya descartado el 12 de julio la presencia del EPR en Guanajuato. "El secretario fue enfático al afirmar que no hay peligro en el estado, que no hay una célula del EPR en la entidad, que las explosiones en los conductos de Petróleos Mexicanos sí fueron provocadas, pero si fueron del EPR no son del estado, nos dijo que no hay noticias de que haya un grupo guerrillero" (AM, 12-VII-07). "El funcionario estatal dos días después aseguró que el EPR, era una extensión armada del PRD (AM, 14-VII-07).
Ante estos graves hechos, subsisten varias preguntas por hacer a la autoridad si los atentados atribuidos al EPR son probados con evidencias reales: ¿Qué hacen los organismos de inteligencia del Estado responsables de detectar y prevenir amenazas a la seguridad nacional? ¿Qué se hace para proteger la infraestructura estratégica para la seguridad nacional: carreteras, aeropuertos y pasos fronterizos entre otros?