No es un circo, es una canallada generalizada, de cuya situación los médicos son cómplices*: agricultura muerta, sanidad donde los pacientes se mueren en las listas de espera, macro cárcel en la zona más poblada de la Isla Tamarant, terceras pista de aterrizaje etc. etc. y no es que los "gobernantes" estén en el limbo, es que están corruptos hasta la medula...

*3.000 euros todos los meses son buenas razones para vivir la buena vida y no molestarse.

Tamarant

El Servicio Canario de Salud, agente privatizador
Modus operandi

Ramón Afonso 26-05-2008                                                                                Consejera de sanidad del PP fascista

En la investigación criminalística conocer el característico modo de actuar del delincuente es de vital importancia; analizar los esquemas intelectuales puestos en liza, la información disponible, las estrategias y los medios utilizados junto al manejo de las técnicas de investigación resultarán cruciales a la hora de conocer el quién, el cómo, el cuándo, el donde y el porqué del hecho delictivo. De esta manera la policía puede reconocer el trabajo impecable de un profesional, la chapuza del ratero de medio pelo, los despistes del principiante, incluso al veterano maestro que deja pistas de pipiolo para confundir al investigador; distingue al asesino en serie del asesino múltiple - desajustes psicopatológicos mediante-, diferencia al asesino a sueldo de aquellos con motivaciones ideológicas o políticas; al elegante y nada violento ladrón de guante blanco de granujas de cuello y alzacuello de ese mismo color –el ecónomo que invirtió en Gescartera, los Mario Conde, De la Rosa o Prado y Colón de Carvajal- por cierto, casi todos amigos del Rey de España…Bueno, ya decía Lucky Luciano, y de eso sabía un rato, “detrás de una gran fortuna hay siempre un crimen”.

En Canarias, los políticos instalados en los sucesivos gobiernos, cabildos y ayuntamientos en su incesante lucha contra lo comunal, lo colectivo, lo público, han generado todo tipo de estrategias si bien, y dependiendo de los servicios públicos de que se trate, su modus operandi va evolucionando aunque el objetivo sea el mismo siempre: expropiar lo público en beneficio de lo privado, de sus amos putativos. La R.I.C. –Reserva de Inversiones de Canarias- se eleva como la madre de todas las injusticias que impregnan en cascada toda la administración al descapitalizar, vía impago de impuestos, las arcas públicas obligándolas a la iniquidad de los impuestos indirectos. Encima, una vez limitados los recursos, las políticas sociales son su primera víctima al priorizar el gasto con espurias intenciones, algunos ejemplos: crean una innecesaria y costosa policía autonómica, mientras reeditan cada año un escandaloso fracaso social en la educación a la vez que le niegan la homologación salarial a un profesorado que desde hace trece años espera el cumplimiento de una ley del Parlamento de Canarias, entregan la Universidad y el conocimiento a los intereses empresariales al abrazar alborozados el Plan Bolonia.

Masacran ecosistemas protegidos por leyes que se incumple sistemáticamente (LIC Sebadales del sur –Puerto de Granadilla-). Privatizan el agua (ENMASA) y la franja litoral para hoteles y puertos deportivos mientras destruyen, en ese mismo espacio costero, asentamientos populares históricos de gran interés etnográfico como Cho Vito. Con su mercantilización, el proceso de privatización de la sanidad canaria goza de una salud de hierro, mientras lo parámetros de calidad de la sanidad en Canarias están en caída libre desde hace años; la externalización de los servicios, como les gusta ladinamente calificar este atraco, supone que más del 35 % de los recursos público estén gestionados por empresas privadas. El modus operandi de la derivación de pacientes a clínicas y empresas privadas de análisis y radiodiagnóstico merece que nos detengamos un momento pues ejerce un papel central en la estrategia privatizadora.

Les propongo que investiguemos un caso real. Todo comienza en noviembre de 2007, por entonces una mujer -llamémosla Dolores- sale contrariada del despacho de su médica porque esta la deriva al endocrinólogo por posibles problemas con su tiroides. Cuatro meses después acude a su cita con el especialista en el CAE del Servicio Canario de Salud (SCS) de Tomé Cano en Santa Cruz de Tenerife. La endocrinóloga le pide una ecografía del tiroides y una analítica. En ese mismo centro consigue su cita para la ecografía, el 11 de febrero de 2008, ya cuatro meses le parecen poca espera. Unos días después Dolores vuelve a su centro de salud a pedir la siguiente cita en la que el especialista verá las pruebas y hará el diagnóstico, y le dan para el 11 de febrero de 2009. “Más de un año para que me vuelva a ver el especialista”, piensa amargamente, de paso le comunican que la ecografía no le va a servir y que para la analítica no le podían dar fecha por no estar abierta aún la agenda del 2009…que volviera el año que viene. Pues a esperar.

Un buen día de abril de 2008 estaba Dolores viendo la telenovela de la tarde cuando suena el teléfono y una amable voz le comunica el adelanto de su ecografía nada menos que 12 días, que se la harían en Consultas Externas de Scanners Canarias en la calle Alfonso Soriano Frade. Sorprendida, pregunta ingenuamente si se habían trasladado los servicios de radiología del CAE de Tomé Cano, pero la extrañada voz era la del otro lado del teléfono que contesta “no, Scanners Canarias es una empresa privada a la que el SCS está derivando pacientes con la intención de aliviar las listas de espera”. Dolores, más aturdida ahora por no entender que una empresa privada tuviera acceso a sus datos personales sin su autorización, pregunta cómo es posible que le hagan el “favor” de adelantarle la ecografía unos días si la cita con el endocrino es para febrero de 2009. “Hágase la ecografía que luego ya se verá”, fue la respuesta.

Ante este confuso panorama, Dolores decide ir a su centro de salud a que le expliquen; allí le dicen que todas las pruebas caducan a los tres meses, así que anulan la ecografía concertada y la convocan para una semana antes de la cita con el especialista, el 3 de febrero de 2009. Indignada, decide presentar una reclamación al Servicio Canario de Salud por lo que creía no sólo una vulneración del derecho a la privacidad de sus datos, sino una dilapidación del dinero público al programar costosas pruebas que no van a poder ser útiles pues tienen un periodo de caducidad. El 20 de mayo, Dolores recibe una carta de una subdirectora médica del Servicio Canario de Salud lamentando “las molestias que se le han podido ocasionar al dar traslado de su prueba diagnóstica a un centro concertado”. Después de justificar las “derivaciones de forma puntual y siempre buscando responder con prontitud a la demanda asistencial de los usuarios” a la empresa privada por la saturación del servicio de radiodiagnóstico, añade: “Una vez realizada la ecografía (en Consultas Externas Scanners Canarias) puede contactar con el Servicio de Atención al Usuario del CAE J. Rumeu (C/ Tomé Cano) para intentar agilizar la cita con endocrinología”. Fin del relato.

Mientras la empresa privada está en su papel de ganar dinero -la enfermedad parece ser un buen negocio- el Servicio Canario de Salud actúa de mamporrero del capital privado falseando la situación de saturación del servicio de radiodiagnóstico público, cuando realmente el déficit es de especialistas y concretamente, como se ha visto estos días en Lanzarote, en endocrinología. ¿Cómo es posible que desde el SCS se aconseje a Dolores a realizar la prueba en Scanners Canarias con tanta antelación y, encima, con la esperanza de así poder adelantar puestos adulterando aún más las listas de espera? Además, si lo que buscan es agilizar las listas de espera ¿por qué no le adelantan la hora con el endocrinólogo? Así se puede entender lo que quería decir la Consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, cuando afirmó " No voy a tener complejos en usar la sanidad concertada", la terapia para superar sus taras sicológicas nos cuestan 233 millones de € este año y mientras tanto se cierran centros de salud, se infrautilizan quirófanos y servicios, en definitiva, se deteriora intencionadamente la sanidad pública.

Este modus operandi no responde a criterios de planificación, eficacia, calidad o transparencia en la gestión pública, lo cierto es que tiene muchas similitudes con la manera de actuar de algunos mangantes de cuello blanco, lo triste es que actúan con la misma impunidad.