Evasión
Los inspectores cifran en 280.000 millones los impuestos sin pagar
La Agencia Tributaria defiende su gestión y traslada al Ejecutivo la
responsabilidad de modificar la legislación.
Ke paguen los pobres.
El desinterés del Gobierno por perseguir el fraude fiscal y la falta de medios
hacen ineficaz el Plan de Prevención.
El Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que se aplica en España desde el
año 2005 y que antes de que concluya este ejercicio será renovado, es
insuficiente para luchar de forma eficaz contra la evasión de impuestos y los
delitos contra la hacienda pública, según sostiene la Organización Profesional
de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). «El plan debe ser de lucha contra
el fraude fiscal, con todo lo que ello implica», subraya el portavoz de IHE,
José María Peláez, que se muestra extremadamente crítico con la tibia actuación
del Gobierno ante este problema.
Y es que, a tenor de las cifras que manejan los inspectores, el alcance del
fraude en España estaría en torno al 20% del producto interior bruto
(PIB). «La Administración no quiere hacer un estudio riguroso sobre ello porque
sería reconocer su alcance, y prefieren moverse en una nebulosa, escudándose en
que es difícil cuantificarlo», explica Peláez, para cifrar en unos 280.000
millones de euros los impuestos que hay actualmente sin pagar.
«Si el PIB en el 2007 llegó por primera vez al billón de euros, y si el 20% de
nuestra economía es sumergida, estaríamos hablando de 200.000 millones de euros.
Puesto que la presión fiscal en España es del 36%, el cálculo es sencillo:
tendríamos 72.000 millones anuales de fraude fiscal. Y dado que se pueden
comprobar cuatro años antes de que prescriban, estaríamos ante unos 280.000
millones de euros de tributos impagados», argumenta el portavoz.
Más discrepancias
Aunque la lucha contra el fraude es uno de los puntos de mayor enfrentamiento
entre el colectivo de los inspectores y la Agencia Tributaria, las discrepancias
y las críticas de los primeros a la Administración y al poco brío con el que
combate determinadas situaciones de «irregularidad» fiscal se extienden a otros
ámbitos, como la inspección del uso fraudulento de las sociedades de inversión
colectiva de capital variable (Sicav), por su tributación reducida; o del uso de
los paraísos fiscales, como fue el caso de la trama descubierta en
Liechtenstein.
Por su parte, la Agencia Tributaria se defiende, negando que España esté a la
cabeza del fraude en la U.E. «Eso ha repetido en muchas ocasiones el responsable
de la AEAT, pero los números contradicen esa versión oficial y confirman que es
un problema de la sociedad moderna en nuestro país», añade Peláez, para
apostillar que «llevamos años pidiendo reformas legales, como la del delito
fiscal, que es una figura decorativa, que no sirve para nada porque no es
disuasoria. Propusimos modificarlo para que supusiera el ingreso efectivo en
prisión, pero la reforma quedó paralizada en la anterior legislatura, cuando se
modificó el Código Penal para incluir, por ejemplo, el carné por puntos. Esto
demuestra que lo que interesa sí se saca adelante».
La AEAT rechaza las críticas afirmando que aplica las leyes vigentes, pero que
modificarlas no es de su competencia.