Urdimbre jurídica
El doctor Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de
los Derechos Humanos, encabeza la defensa de las víctimas mexicanas de
Sucumbíos, destraba la urdimbre jurídica.La masacre de Sucumbíos tiene tres elementos fundamentales que hay que destacar:
PRIMERO: los bombardeos ocurrieron a dos kilómetros de la frontera dentro ya del territorio ecuatoriano.
SEGUNDO: hay delitos de guerra, no obstante que la guerra aparentemente tiene expresiones violentas, existe el derecho internacional humanitario que establece normas fundamentales que no pueden ser violentadas, incluso en tiempos de guerra y también tratándose de conflictos internos de orden internacional o de orden interno en el país.
TERCERO: delitos en contra de la humanidad en materia de derechos humanos como la ejecución extrajudicial.
En cualquier país una muerte violenta se investiga de oficio, cosa que el gobierno de México no ha hecho, no se ha querellado contra el gobierno de Colombia por la muerte inexplicable de cuatro mexicanos y el atentado contra Lucía.
Además el servicio consular mexicano no brindó protección y lejos de hacer los esfuerzos político-diplomáticos, la representación de México en Ecuador en colaboración con el gobierno de Colombia, coadyuvó a que la Procuraduría Federal de la República iniciara una averiguación previa en contra de Lucía, de los fallecidos y, otras personas que viajaron al Ecuador. Los demandaron en la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada y la Dirección de Delitos Contra la Salud, por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte. No solamente no ha atendido el problema principal sino que cerró la pinza con el gobierno de Colombia para criminalizar y justificar la muerte de los mexicanos.
Están denunciados los mexicanos que llegaron hasta Sucumbíos o también los que solamente llegaron a Quito?
Incluso los que ni siquiera llegaron a Quito. Es sobre la Coordinadora Continental Bolivariana en el capitulo México donde se centra esta averiguación, también hay una averiguación de una relación de hechos que presenta el bufete Ortega y Abogados en el que pide se investigue a otra personas que a lo largo de los años se han vinculado con las causas sociales.
Recordemos que desde el año 1992 al 2002 las FARC en México tenían una oficina que estaba autorizada por el gobierno de México, ninguna de las acciones que realizaban eran clandestinas y todo estaba bajo un marco de legalidad y democracia, sin embargo al cambiar el contexto en el 2002 y al ser expulsada la representación de México, el vínculo que se tiene con los grupos de solidaridad con el pueblo de Colombia empiezan a ser criminalizado, y sufren persecución en sus actividades públicas, como la Cátedra Bolivariana, la Coordinadora Continental Bolivariana, ese es el centro del fenómeno y sobre ello se amplía su marco de acción hacia el pensamiento crítico en las universidades y el derecho de cátedra.
El gobierno de Colombia es un gobierno confeso de los delitos que comete, hoy se sabe que hay una participación directa del gobierno de Estados Unidos y el israelí en todo este proceso de persecución del las FARC. Su estrategia es elevarlos a un contexto de grupo terrorista y esto ha derivado en la muerte de altos dirigentes, la criminalización del entorno social de apoyo, y la impunidad del para militarismo promovido por Uribe.
Existe un enorme descrédito de Uribe, se conocen sus vínculos con los grupos del narcotráfico y las bandas paramilitares, se sabe incluso que gran parte de su Congreso estaba señalado como responsable de vínculos con estos grupos y, por otro lado, se sabe la ilegalidad de la designación para su ratificación al siguiente período presidencial, su posición como primer mandatario se encuentra duramente cuestionada, no existe la legalidad del gobierno y son puntos importantes que pesan en la agenda, y que lo orillaron a tratar de ganar legitimidad, hábilmente con estas acciones político-militares se desarticuló el proceso en el que estaba ganando la posibilidad de un acuerdo humanitario.
Es bien conocido que los jóvenes universitarios mexicanos tenían una temporalidad que iba del 31 de enero hasta el 1º de marzo en que fueron ejecutados, no es posible vincularlos a las acciones insurgentes sobre las FARC que pudo haber tenido en la región, a lo mucho se puede señalar que había algún tipo de simpatía por la causa bolivariana, y sobre todo, en el acuerdo militar de alguna manera los jóvenes tenían una justificación democrática o abierta franca que no tenia nada que ver directamente con la acción, recordemos que sobre ese lugar habían pasado infinidad de personajes, de políticos, intelectuales, medios de comunicación, estudiantes de otros países, y esto no quiere decir que estas personas tengan un vínculo directo.
Repito: el gobierno actuó con premeditación, alevosía y ventaja. No aplicó el derecho internacional humanitario.
Llama mucho la atención que en ese campamento sólo sobrevivieran tres personas, una herida que por ser mexicana se le respeta la vida, otra colombiana que como dijo que estaba castigada y forzada a estar en este campamento les respetaron la vida y, una tercera que no encontraron, pero el resto de las personas fueron muertas, ejecutadas, cadáveres que presentaron tiros de gracia, una masacre que es un delito, un crimen de guerra, hay ejecuciones extrajudiciales, hay un delito contra la humanidad y hay la violación de territorio ecuatoriano, que es un delito contra el derecho internacional.
Qué sigue
Interponer los recursos internos en los tres países (Ecuador, Colombia y México) para la investigación de los hechos. Estamos en la ruta para tener todos los elementos probatorios.
Lograr que México se queje ante el gobierno de Colombia por la masacre y por la muerte de los mexicanos y tercero, darle seguimiento a las resolución de OEA, que condenó los hechos.
Iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para marzo convocaremos un campamento continental en México. Pretendemos instaurar un tribunal permanente como el que acaba de llevarse acabo en Colombia y esto nos permitirá perfeccionar los elementos de prioridad con la capacidad técnica de los juristas internacionales y tener un material mucho mas útil para la justicia en todos los países.
Esto llevará entre 10 y 20 años porque incluso cabe la posibilidad de invocar la Corte Penal Internacional (CPI).
Lucía Morett
Hay una cosa concreta puntual que es Lucía, Lucía y la viabilidad que tiene de venir a México ante la denuncia en la PGR, ante las presiones que se están ejerciendo sobre Nicaragua y ante el deseo de ella de retomar a México. El riesgo grave es que no hay condiciones para su retorno, con las denuncias que se han venido perfeccionando, porque se están fabricando una serie de evidencias y pruebas, el riesgo para su seguridad de regresar a su país es alto, también el riesgo para todos los integrantes de la Coordinadora Continental Bolivariana. La situación es compleja, no hay país seguro, por ejemplo Canadá que da siempre acogida, un país bastante importante para el refugio internacional se ve limitado porque las FARC son consideradas como grupo terrorista. Incluso existe el problema de que hay paramilitares refugiados por Canadá aduciendo amenazas de organizaciones en Colombia.
Porque sale de Ecuador
Sale de Ecuador por las presiones, hay una denuncia dentro de Sucumbíos que investiga a Lucía por delitos en el territorio ecuatoriano, ella estaba ahí en calidad suigéneris de huésped distinguido.
¿El gobierno de Nicaragua esta ejerciendo presiones para que salga Lucía de Nicaragua o Nicaragua directamente esta sufriendo presiones … o Lucía esta directamente sufriendo presiones?
Más que Lucía hay en Nicaragua tensiones hacia el gobierno que lo presionan desde dentro y desde fuera. Desde fuera Colombia, Estados Unidos y sus aliados están presionando a Nicaragua para desacreditarlo, argumentando que esto llevará a una desestabilización regional.
¿Dices que están perseguidos miembros de la Coordinadora capítulo México, también los estas acogiendo, los estas protegiendo asesorando?
Bueno estamos tratando de establecer puentes de coordinación y de apoyo, hicimos una parte nosotros, otra la esta haciendo el Senado de la República a través del equipo jurídico.
¿Eso es lo que te iba a preguntar: miembros de algún gobierno de México se han interesado en el caso y si han tratado de defender no sólo a Lucía sino a los muertos y a todos los miembros de la Coordinadora?
Hay una sensibilidad política por parte de un número importante de diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que incluso propiciaron un acercamiento con el gobierno de Marcelo Ebrard para buscar condiciones favorables para retomar el caso de Lucía Morett y para las garantías de los familiares que también están ejerciendo cierto nivel de presión.
Se fueron los padres de las victimas de Sucumbíos a una gira por América, cuál es el motivo y cuáles son los resultados de esa gira
Realizaron la denuncia internacional y buscaron espacios internacionales para abrir brecha en términos de solidaridad, afortunadamente hubo una buena respuesta, se buscaba también en Ecuador la coordinación de las organizaciones para dar el seguimiento jurídico al caso. Hay una serie de resultados exitosos como la consolidación de este campamento, esta jornada continental que se va a realizar el 22 de marzo que va a tener su sede en la ciudad de México.
Ecuador inmediato
Se mantiene un nivel de sensibilidad por parte del gobierno ecuatoriano, hay una serie de personas por parte del gobierno ecuatoriano que mantienen una relación de cierta cercanía con los familiares.
Para que Lucía se venga yo sugiero esperar ciertas señales: la primera es la expulsión del embajador de Colombia en México, con la salida de Camilo se tendría la primera señal, y la segunda señal sería la querella del gobierno de México en contra del gobierno de Colombia, con eso casi se tendría garantizado el retorno.
En caso de que Lucía decidiera retornar sería bajo su propio riesgo, el riesgo mayor sería la detención e incluso la extradición a Colombia, a los Estados Unidos. Sería para ella una situación muy difícil, además muchos de los jóvenes que participan dentro de la Coordinadora están bajo un espectro de temor y tensión que no les ha permitido manifestarse. Las campañas mediáticas, la persecución han sido intensas y ya lo vimos con la detención de esta persona solidaria en España que esta libre pero bajo fianza y esta sujeta a proceso, es decir: la criminalización del pensamiento bolivariano, de la solidaridad a nivel mundial con el movimiento bolivariano es una situación grave y creemos que así como han criminalizado a las FARC y las han llevado a plantearlas como terroristas lo mismo pretender hacer con las organizaciones que de alguna manera simpatizan con el modelo bolivariano, entre ellas la Coordinadora Continental Bolivariana y en este caso concreto el capítulo México aunque la Coordinadora en general ya ha sido objeto de actos de hostigamiento en diferentes regiones del mundo.
Además de la expulsión del embajador de Colombia en México y la querella del gobierno de México estamos tratando de establecer una mesa interinstitucional con Relaciones Exteriores, la PGR, la SEDENA, el CISEN, la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de la Asamblea Legislativa además de los representantes diplomáticos de la Unión Europea, de Colombia, de Francia, de Suiza y el Comité internacional de la Cruz Roja.
Y hay posibilidades de esto
Pues teníamos la coyuntura pero la dejamos ir, no se pudo caminar en ese sentido, ahora lo único que podríamos hacer es que diputados, senadores, asambleistas, intelectuales se pronunciaran por el hecho