PUERTO
DEL ROSARIO. La construcción de una cárcel en Fuerteventura, con capacidad
inicial para 216 internos, que pretende construir el Ministerio del Interior en
la zona de Llanos Pelados, ha desatado una auténtica tormenta no sólo en
Coalición Canaria (CC), sino en el seno del grupo de gobierno del Ayuntamiento
capitalino de Puerto del Rosario.Las negociaciones con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIEP) se remontan a la época en que Manuel Travieso era alcalde de la capital. Su sustituto, Marcial Morales, ha continuado en la línea de su antecesor, pero se ha encontrado con la oposición de algunos de sus propios concejales y de algunos sectores de Coalición Canaria (CC).
Con el fin de evitar el enfrentamiento interno y que las disputas entre los diversos sectores se extrapolen a la opinión pública, la Comisión Permanente de CC dio instrucciones a sus cargos públicos para que evitaran cualquier pronunciamiento no solamente sobre la prisión, sino sobre la ubicación de la nueva central eléctrica. Trágala.
Sin embargo, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Alejo Soler, ha mostrado su oposición a la cárcel al considerar que será un centro dimensionado y alerta sobre la inseguridad que provoca "la salida de los reclusos que obtengan permisos". Lo curioso es que la tesis de Soler es apoyada por varios ediles de la mayoría de gobierno y otros cargos de CC en contra de la opinión del alcalde Morales.