En la siguiente dirección se pueden formular quejas por Internet al Defensor del pueblo Español:
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp
Tienes que rellenar los datos que te piden en un formulario y luego presentar la
queja. Te sugerimos que copies y pegues en ese espacio el escrito que
viene a continuación (o lo guardas en formato Word y luego lo adjuntas). En caso contrario, puedes expresar lo que consideres
oportuno con respecto al tema, pero lo que pedimos es que se vuelva a hacer o
revisar el Plan Territorial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias, donde
se designa de forma irregular a Juan Grande, como sitio idóneo para la cárcel.
Si eres representante de un colectivo o asociación, puedes enviar la carta,
es decir; todo el contenido de esta página Web, en tú nombre y así verán que
no solo es el Consejo el que pide que se revise el Plan.
Te agradecemos tu colaboración.
Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO ESPAÑOL:
Le hablo en nombre del Consejo Abierto de Vecinos de Castillo del Romeral, y el
motivo de la presente, es informarle de que han empezado ilegalmente las obras
de la macro cárcel Canarias II en Los Llanos de Juan Grande, a la entrada de
Maspalomas, al sur de Gran Canaria.
Decimos que ilegalmente porque
SIEP, la
Sociedad de Instituciones Penitenciarias, no es dueña de los terrenos, no se ha
aprobado el Plan Territorial que decide donde se debe ubicar la cárcel, no
tienen permiso de obra, no está incluida en el PGOU del municipio, la obra
no
tiene "Declaración de Interés General" por el Consejo de Ministros y lo más
grave de todo es que no han realizado Estudio de Impacto Ambiental, lo que ha
provocado un atentado ecológico, perdidas por 300.000 € a cultivadores y
afección a la salud de los vecinos ocasionando múltiples problemas
respiratorios.
El Plan Territorial, que aún no ha sido aprobado, designa la ubicación en Juan
Grande por medio de una serie de baremos y puntuaciones. El Consejo de Vecinos
de Castillo del Romeral ha encontrado 9 irregularidades en dicho plan, algunas
muy graves como fallos en las sumas de puntuaciones. Solamente con la
subsanación de alguna de estas 9 irregularidades, Juan Grande dejaría de ser la
primera opción.
Existe un convencimiento general de que se ha elegido este lugar porque los
terrenos circundantes se van a revalorizar con la construcción de esta
infraestructura, por lo que habrá un gran pelotazo urbanístico, del que los
principales beneficiarios serán los propietarios del terreno, que a su vez son
los dueños de Elmasa, la empresa que construirá la depuradora y el emisario
submarino, que se construirán para la cárcel, con un presupuesto de más de 10
millones de euros.
En el mes de mayo, la diputada de CC, Ana Oramas hizo una pregunta parlamentaria
al Gobierno, sobre los criterios para elegir Juan Grande para la ubicación de la
macro cárcel. Esta pregunta que fue formulada por escrito, aún no ha sido
contestada. Igualmente, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein,
efectuó una pregunta a la Comisión Europea, sobre la no realización de estudio
de impacto ambiental ni de estudios alternativos, previamente al inicio de las
obras de la cárcel, lo que incumple la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27
de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (EIA).
Es por todo ello por lo que le pedimos que interceda con el fin de que se
subsanen los errores o se realice un nuevo Plan Territorial de Instalaciones
Penitenciarias en Canarias.
Se adjunta dossier informativo resumen de todo el tema y hechos acontecidos con
respecto a la macro cárcel, y foto aérea del sureste de Gran Canaria donde se
construirá la macro cárcel.
Atentamente,
Dossier informativo contra el Proyecto Macro Cárcel en Gran Canaria.
La SIEP Sociedad
de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que depende del Ministerio
del interior, está construyendo desde el mes de marzo de 2008 una macro cárcel,
en Los Llanos de Juan Grande, en el sur de Gran Canaria a unos 4 kilómetros de
Maspalomas, la principal zona turística de Canarias y una de las más importantes
de España. El
presupuesto de dicha obra es de 104 millones de euros, sin contar
con las infraestructuras que acompañaran dicha macro cárcel, en un futuro
próximo.
Características de la macro cárcel.
Ocupará una extensión de uno 350.000 m2 (50 campos de fútbol), en un terreno de
650.000 m2 (90 campos de fútbol), tendrá una capacidad para 1.214 celdas que
multiplicadas por 3 podrían albergar a 3.642 reclusos y por 4 a 4.856 reclusos.
Esta macro instalación, de las más grandes de Europa, esta proyectada con igual
modelo que las construidas en otras zonas de España,
por lo que se diseña para
los grandes espacios de la península pero no para un territorio insular como el
nuestro.
Con esta población, cercana a los 5.000 reclusos, el municipio aumentará en un
10% sus habitantes de hecho, sin contar con los cerca de 650 trabajadores de la
prisión, que son 500 funcionarios, 100 guardias civiles y 50 laborales.
La construcción se desarrolla en un espacio que se encuentra encajado entre
varias poblaciones, a 321 m. de Castillo del Romeral, a 380 m. de Juan Grande, a
2.000 m. de Vecindario, en un territorio que podría incluir en un radio de 4 km.
a unos 50.000 habitantes.
La construcción supondrá un gran impacto visual y paisajístico en la zona.
Tendrá una torre de 40 m. de altura y un muro de 10 m. de alto x 2 km. de
perímetro, visible en todo el Sur. Estos elementos serán la primera imagen de
los visitantes de la isla al encontrarse en el pasillo aéreo de los aviones en
la aproximación al aeropuerto.
Junto con la cárcel, vienen previstos en los mismos terrenos, un hospital
penitenciario, una depuradora con un emisario submarino, una comisaría y un
centro de menores inmigrantes. Estas son las infraestructuras de las que tenemos
noticias, pero nos tememos que podrán construirse más en el terreno sobrante.
Los 650.000 m2. de terreno pertenecen al Gobierno de Canarias y fueron comprados
con subvención de la Comunidad Europea, para ser destinados a cultivos de tomate
por medio de cooperativas de agricultores de la zona. Debido a la mala gestión,
todas las inversiones para este fin se han malogrado, y el Gobierno de Canarias
ha decidido retirar las concesiones a los agricultores, a pesar de que algunos
seguían cultivando hasta este año, 2008.
A raíz de lo anterior hay que comentar que las obras se realizan en las mejores
tierras de cultivo de la isla, que no se podrán aprovechar en el futuro para
este fin y que actualmente están declaradas
Reserva Agraria Estratégica por si ocurre una crisis alimenticia mundial.
Esta calificación dentro del planeamiento supone la misma protección que un
espacio natural protegido.
El pastoreo de la zona está abocado a su desaparición. Estas tierras servían
hasta hace poco para la alimentación de unas 500 cabezas de ganado durante el
verano. La alimentación con piensos es insostenible (video
entrevista a pastor).
A 850 m. de la zona, se encuentra
Juncalillo del Sur, un
espacio
natural protegido, declarado por la CE Lugar de Interés Comunitario, además
a menos de 1.000 m. se encuentran otros espacios protegidos:
Rampas de Amurga e
Important Bird Area Arinaga - Castillo del Romeral.
En la misma comarca, en un radio de 3 Km., se encuentran ya una Central Térmica,
un Vertedero y una Cantera de Piedras. También se encuentran un parque eólico,
con un gran número de aerogeneradores y a 1.5 km. en la costa de Castillo, las
mayores piscifactorías de Canarias. Están en proyecto otras infraestructuras
como son una regasificadora off shore, a 1,5 Km. de la costa para servicio de la
Central Térmica, una incineradora para servicio del vertedero, y un aeródromo.
Según nuestras informaciones y manifestaciones de presos y expertos en materia
penitenciaria, estos macro centros deshumanizan el trato con los reclusos. La
política penitenciaria moderna aboga por pequeñas instalaciones de no más de 150
reclusos, con los que se pueden conseguir los objetivos de reinserción que
prevén las leyes. Los ejemplos a seguir se encuentran en los,
países nórdicos.
Las obras de construcción son ilegales.
Las obras comenzaron ilegalmente en marzo de 2008, siendo realizadas por medio
de la constructora “Hermanos Tito”, sin que SIEP sea dueña del terreno, sin
ningún plan urbanístico que las ampare, al no estar aprobado el Plan Territorial
de Infraestructuras Penitenciarias en Canarias (PTEINPE)
por la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias (COTMAC),
ni se contempla en el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana. Igualmente no tienen permiso de obra y uno de los
aspectos más graves es que no han realizado el estudio de impacto ambiental, ni
de las obras, ni de la prisión una vez finalizada.
Usando siempre a la prensa como interlocutora, la Delegación del Gobierno ha
insinuado que la obra ha sido declarada de “Interés General” por el
Consejo de Ministros, lo que daría cobertura legal al proyecto, pero no nos
consta ese acuerdo en ningún Consejo de Ministros, al igual que otras
afirmaciones de índole parecida, puesto que nunca se nos ha facilitado
documentación de lo que se afirma.
El hecho, de no contar las obras con Estudio de Informe Ambiental, ha ocasionado
un atentado ecológico, al haberse iniciado las obras en la época de cría de un
ave, el calandro, que es una
especie protegida. En la zona se encuentra el hábitat del 37% de esta
especie en la isla, por lo que se destruyeron todos los nidos que se encontraban
en el espacio de los movimientos de tierra, hecho por el que ha efectuado
denuncia la organización SEO/BirdLife. Al igual que el polvo levantado por
estas obras ocasionaron
pérdidas
en los cultivos de tomates lindantes con las obras, por valor de más de
300.000 €.
Con posterioridad al comienzo de las obras se publica en el
BOE de 22.04.08, que “la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático resolvió no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto de construcción del Centro Penitenciario en San Bartolomé
de Tirajana”.
Ni Instituciones Penitenciarias ni ninguna Administración: Ayuntamiento, Cabildo
ni Gobierno Autónomo, se ha puesto en contacto ni ha informado a los vecinos de
este proyecto. Han sido los mismos vecinos organizados en el Consejo Abierto de
Vecinos de Castillo del Romeral los que han tenido que buscar y conseguir toda
la información referente al proyecto y una vez conocida la magnitud del mismo se
han opuesto frontalmente por medio de todas las vías.
Los vecinos han podido acceder al Plan Territorial, donde se asigna por medio de
una serie de puntuaciones a Juan Grande como lugar más idóneo de la isla para la
ubicación. Una vez analizado por los vecinos, se han encontrado un total de
9 irregularidades en dicho plan, como pueden ser: sumas erróneas en las
puntuaciones, asignación de puntuación diferente por el mismo motivo,
subjetividad en los criterios tales como no considerar zona turística a la
ubicación al encontrarse a 4 Km. de los complejos, etc. Sin embargo, fueron
rechazadas otras ubicaciones alternativas por motivos incomprensibles, como por
ejemplo, la construcción futura de un campo de golf.
Solamente con la subsanación de alguna de estas 9 irregularidades, Juan Grande
dejaría de ocupar el primer puesto como lugar más adecuado para la implantación,
por lo que el Consejo de Vecinos, se propone denunciar en los Juzgados este
hecho, en caso de ser aprobado el plan por la COTMAC.
El Consejo esta convencido de que se manipularon las puntuaciones y los
criterios para que Juan Grande fuera designado, por las continuas crisis
políticas del Municipio de San Bartolomé de Tirajana y debido a ello se
ejercería una oposición débil por parte del Ayuntamiento y también de los
vecinos al proyecto. De hecho por esta misma causa otras instalaciones
negativas, como vertedero y central térmica se han instalado en la zona, incluso
incumpliendo el
Reglamento de
Actividades Insalubres y Peligrosas que establece que una instalación
con actividades de este tipo no puede estar a menos de 2.000 m. de poblaciones.
Más lejos aún del cumplimiento de este Reglamento, dentro del perímetro de la
instalación de la macro cárcel se ubicará una depuradora a menos de 300 m. de
Juan Grande.
Esta depuradora contará asimismo con un emisario submarino de 1.500 mt, en la
costa de Castillo del Romeral, que desembocará justo al lado de las mayores
piscifactorías de Canarias. Esta industria está instalada aquí desde hace unos
años, tienen un gran futuro y proporciona trabajo a muchos vecinos del pueblo.
Indudablemente el emisario afectará dicha industria así como a la flora y fauna
de toda la costa, pero nada de esto se ha contemplado al carecer todo el
proyecto de informe de impacto ambiental.
Existe además un convencimiento general de que se ha elegido esta zona porque
los terrenos circundantes se van a revalorizar con la construcción de esta
infraestructura, por lo que habrá un gran pelotazo urbanístico, del que los
principales beneficiarios serán los propietarios del terreno, la familia del
Castillo, que a su vez son los dueños de Elmasa, la empresa que construirá la
depuradora y el emisario submarino.
Como confirmación de nuestras sospechas, vemos como están llegando
ordenes de desahucio a vecinos del barrio limítrofe de El Rodeo, que se
encuentra junto a los terrenos de la macro cárcel. Estos vecinos viven en
viviendas que en un principio eran cuarterías destinadas a los cultivos de
tomates, por lo que no son dueños de los terrenos.
Consecuencias futuras a raíz de la macro cárcel.
El principal temor de los vecinos es el que los reclusos en régimen abierto
causen problemas y aumente la delincuencia. De hecho, los repuntes de hechos
delictivos en la zona turística de Maspalomas, se producen en Semana Santa,
Navidad y épocas de puentes, momentos en que los reclusos en tercer grado
obtienen permisos, y son fundamentalmente estos reclusos, especialmente aquellos
con problemas de drogadicción, los que mayormente, realizan estas acciones.
Este tipo de presos, cuyo problema es fundamentalmente médico, tienen difícil su
rehabilitación en una macro cárcel. La necesidad de consumo de estupefacientes
les obliga a la búsqueda constante de dinero, usando todos los medios para
conseguirlo al salir de permiso.
El nombre de Maspalomas y todo lo que representa como destino turístico quedaría
a merced de la prensa. Tanto si ingresaran presos con repercusión mediática,
como la comisión de delitos de gran conmoción pública (el reciente suceso de la
violación y asesinato de una turista en Cataluña), o simple mala fe de una línea
editorial podría reducir la llegada de turistas de forma importante, con muy
grave afectación a la economía de la isla.
Otras consecuencias de la macro cárcel, junto con las demás infraestructuras
negativas: central térmica, vertedero, regasificadora, cantera, sería la del
gran impacto visual a escasos 4 Km. de la zona turística: la torre y las
instalaciones de Unelco, la torre de la cárcel, su muro de 10 mt. de alto por 2
km de perímetro, la regasificadora a 1.500 mt. de la costa, la cantera de
piedras, el vertedero y la fila de camiones que diariamente entran al mismo y
que tiene una longitud de más de 1 km.
Recordamos que debido al carácter insular y frágil de nuestro territorio y a que
una gran parte de nuestros ingresos provienen del turismo, el Gobierno de
Canarias ha apostado por unas directrices con un objetivo de desarrollo
sostenible en el planeamiento del territorio. En dichas directrices se apuesta
por no aprobar aquellas construcciones cuyo impacto visual sea irreversible y de
gran magnitud. Estas directrices no se están respetando y ya nos hemos
"sublevado" en contra de que se sigan levantando en cualquier parte macro construcciones de
hormigón.
Muchas son las manifestaciones de dirigentes y operadores relacionados con el
mundo turístico en contra de la ubicación de la macro cárcel, así tenemos las de
la máxima responsable del turismo en Canarias,
Doña Rita
Martín, Consejera de Turismo, y las de los dirigentes de las dos
federaciones de empresarios turísticos, las del Presidente de la Federación de
Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT),
D. Fernando Fraile y las de la Federación Empresarial Canaria de Ocio y
Restaurantes (FECAO),
D. Luis Vega, y lo más grave las de la Federación Internacional de Tour
Operadores (IFTO).
La alternativa de los vecinos a la macro cárcel.
Los terrenos donde se quiere ubicar la macro cárcel tienen un alto valor
agrícola. Ya en la época de postguerra salvaron del hambre a muchos canarios al
dedicarse al cultivo de millo y de trigo con los que se elaboraba el gofio, base
de la alimentación de la época. Igualmente en el verano se dedicaba al pastoreo
de los ganados de cabras. Este debería ser el principal uso de los terrenos, y
recordemos que están declarados reserva Agraria Estratégica, por si ocurre una
hipotética crisis alimenticia mundial.
Los vecinos creen además, que la comarca cuenta con importantes valores
patrimoniales y naturales a los que se debe potenciar, restaurar y poner en
valor, con el objetivo de mejorar la oferta turística del municipio. Si se ponen
todos estos impactos negativos, junto a ellos, muy difícilmente se les podrá dar
el valor turístico que sin ninguna duda tienen. Más información en:
Nuestra Alternativa a la Macro Cárcel
Recientemente fue aprobado por el Congreso de los Diputados, una iniciativa para
constituir el Consorcio de Rehabilitación Turística en Canarias, que afecta
principalmente al municipio de San Bartolomé de Tirajana, como principal motor
industrial del Archipiélago Canario en materia de turismo, ya que en estos
momentos, de crisis en el sector, necesita un revulsivo que lo estimule y lo
convierta en excelente turístico con otro tipo de instalaciones más lúdicas
destinadas al disfrute del ocio y el tiempo libre, y no precisamente una Macro
Prisión, tal y como refleja el Estudio de la Actividad Comercial de S.
Bartolomé de Tirajana realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
S. Bartolomé de Tirajana es el primer municipio turístico de Canarias, el
principal motor económico de Gran Canaria y debería estar fuera de discusión la
implantación de más infraestructuras negativas a la entrada de la zona
turística. Existen otros municipios, como
La Aldea
de San Nicolás, que han solicitado la instalación de la macro cárcel en su
territorio, porque afirman que les reportará ingresos, debido a que sus
habituales fuentes económicas están en retroceso.
Como se ha expresado anteriormente, el Consejo de Vecinos rechaza el modelo de
Macro cárcel. Apostamos por el Modelo Escandinavo de prisiones reducidas con
programas efectivos y probados de reinserción.
Acciones realizadas por los vecinos.
Los vecinos, cuando tuvieron conocimiento de que las obras se hacían
ilegalmente, estuvieron tres meses, desde mayo a agosto del presente año,
parando diariamente las obras, interponiéndose delante de camiones y tractores.
En el mes de agosto, y según versión de la Alcaldesa de S. Bartolomé, la obra
ya ha sido declarada de Interés General. Como antes se mencionaba, no aparece
constancia escrita de dicha declaración, pero tal afirmación ha sido el soporte
que nuestra Alcaldesa ha utilizado para apartarse definitivamente de la postura
débilmente manifestada y nunca demostrada de oposición a tal infraestructura.
Basándose en esta información, la Delegada de Gobierno mandó a la zona a la UIP,
una unidad antidisturbios de la policía, que desalojó a los vecinos
contundentemente. A partir de ahí las obras continuaron y se hizo un vallado del
perímetro de los terrenos, por lo que los vecinos ahora no pueden entrar dentro
de la finca.
Los vecinos demandan al Ayuntamiento desde el mes de mayo que efectúe el
precinto de las obras ilegales, cosa que no ha realizado a pesar de contar con
dos informes de funcionarios del Servicio Jurídico Municipal, en el que se
expresa la facultad del Ayuntamiento para precintar.
El Consejo ha efectuado denuncias
denuncias en los juzgados, por prevaricación al Concejal de Disciplina
Urbanística y a Alcaldesa por estos hechos.
Igualmente se han presentado denuncias a SIEP, Hermanos Tito, y a la Delegada
del Gobierno, en diferentes instancias, ante el Seprona, ante el
Ayuntamiento y ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
El Consejo se puso en contacto en el mes de abril con el eurodiputado de Los
Verdes David Hammerstein, que efectuó una pregunta a la Comisión Europea, e
informó a la Comisión de que no se ha realizado
estudio de impacto ambiental ni se han estudiado alternativas, previamente
al inicio de las obras de la cárcel, lo que, según la organización, incumple la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente (EIA).
Tambien, la diputada nacional Ana Oramas
una pregunta parlamentaria al gobierno, en el mes de mayo, en el
parlamento nacional, sobre los criterios para elegir Juan Grande para la
ubicación de la macro cárcel. Esta pregunta aún no ha sido contestada por el
gobierno.
Durante el mes de agosto, una vez comenzados nuevamente los trabajos, y debido a
los fuertes vientos, los movimientos de tierra han ocasionado que el polvo
levantado causara numerosas molestias al llegar directamente al pueblo de
Castillo del Romeral.
Igualmente las obras continúan sin descanso por la noche, incumpliendo la
ordenanza municipal que prohíbe los trabajos nocturnos con maquinaria pesada por
las molestias que acarrean a los vecinos. Debido a ello muchos vecinos no pueden
dormir y tienen graves problemas de insomnio.
A pesar de las múltiples llamadas a la policía local y servicios de emergencia,
las obras han continuado y muchos vecinos han tenido que acudir a los servicios
de urgencia con problemas respiratorios y de ansiedad. Además dos vecinos han
tenido que ser hospitalizados con principio de infarto debido a la tensión
acumulada durante meses. Los cuadros de ansiedad y otros problemas psicológicos
derivados son numerosos. Muchos piensan que están siendo represaliados por la
férrea oposición manifestada a la Administración.
A mediados de agosto los vecinos, muy soliviantados por lo comentado, se
reunieron en un número de unos 400 vecinos y derribaron una pequeña parte del
vallado de la obra. La policía se retiró en ese momento, pero al día siguiente
los obreros reconstruyeron la valla y siguieron los trabajos.
Los vecinos han presentado unas
400
denuncias en el Ayuntamiento denunciando a la constructora
"Hermanos
Tito" porque los trabajos se realizan sin las medidas de protección
pertinentes, así como el incumplimiento de la ordenanza de trabajo con
maquinaria pesada en horario nocturno, pero el Ayuntamiento no actúa.
Es importante destacar que dicha instalación fue rechazada en Pleno Municipal
por unanimidad en el año
2005, y nuevamente este año
2008, esta vez con el voto en contra de uno de los grupos gobernantes,
el PSOE, que esta a favor de la macro cárcel y que la vez anterior se había
posicionado en contra. El concejal de disciplina urbanística es de este grupo y
se niega a precintar las obras.
Los vecinos están recogiendo firmas contra todas las infraestructuras negativas
a la entrada de la zona turística de Maspalomas. Ya se entregaron 13.300 al
Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, pero se continúan
recogiendo, creemos que ya pasamos de las 20.000 que se prevén entregar a la
Delegada del Gobierno en Canarias.
Por último, comentar que todos estos hechos han unido a los vecinos de la zona,
fundamentalmente a los de Castillo del Romeral, unidos en el Consejo Abierto de
Vecinos, que se reúnen cada semana para valorar las acciones realizadas,
analizar las estrategias de lucha e informarse y compartir propuestas y
sugerencias para acciones futuras con todos los asistentes.
A principios de septiembre de 2008,
los vecinos cumplían un mes de encadenamiento en la alcaldía del Municipio
pidiendo el precinto de las obras.
Hasta la fecha se han realizado 8 manifestaciones contra todas las
infraestructuras y la macro cárcel: en
El Rodeo, un
Via Crusis en Semana Santa, en la
Avda. de Tirajana en Playa del Inglés, una
concentración en la Presidencia del Gobierno de Canarias, una
cadena humana junto a las obras de la cárcel, siendo las más numerosas
la
manifestación en Vecindario, una
Cadena
Humana en Playa del Ingles, que con una longitud de unos 5 km., reunió a
unos 5.000 participantes, y la última, realizada el 12 de septiembre en
Las Palmas de G.C., que reunió a unas 7.000 personas. En estas dos últimas
manifestaciones asistieron representantes de colectivos de Tenerife apoyando
nuestra causa y realizando una asociación de Tenerife un acto a favor nuestro en
S. Cruz Tenerife el 13 de septiembre.
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