Misión extranjera horrorizada en Colombia
En Colombia el gobierno comete crímenes de lesa humanidad
LA
HAYA - Siete parlamentarios laboristas de Gran Bretaña y 10 líderes
sindicales de ese país, estadounidenses y canadienses se declararon en
"estado de shock" por lo que oyeron en su visita de una semana a Colombia.
En un fuerte comunicado leído en rueda de prensa en plena sede del parlamento
colombiano, la misión parlamentaria y sindical acusó al gobierno del derechista
Álvaro Uribe de ser presunto "cómplice
en delitos de lesa humanidad".
Esos delitos están tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, que dio
vida a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en esta capital
administrativa de Holanda.
Se trata de todo asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, tortura,
violación, persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos o
culturales, desaparición forzada y otros delitos, cuando se cometan "como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque".
El Estatuto de Roma entró en vigor en Colombia el 1 de noviembre de 2002 para
crímenes de lesa humanidad y de genocidio, tipificados en el Artículo 6, pero el
país sudamericano invocó una salvaguardia de siete años para los crímenes de
guerra, descritos en el Artículo 8, cuyo plazo se cumplirá el 1 de noviembre de
este año.
Por ahora, la fiscalía de la CPI mantiene el caso colombiano en observación.
"No tenemos dudas, dadas las evidencias
recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y la fuerza pública son
cómplices de abusos de derechos humanos", dice el comunicado leído por la
parlamentaria Sandra Osborne, del gobernante Partido Laborista e integrante de
la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.
"Además, estamos convencidos de que las actividades asesinas de los
paramilitares son aprobadas y
activamente apoyadas por el gobierno y el ejército", leyó Osborne
en referencia a las milicias de ultraderecha comandadas por capos del
narcotráfico y parcialmente disueltas tras negociaciones con Uribe.
"Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que
cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los
criminales y a los que dieron las órdenes", agrega la declaración.
Colombia vive en guerra civil desde 1964, cuando se alzaron en armas dos
guerrillas izquierdistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los grupos paramilitares emergieron
en los años 80 para combatir a la insurgencia junto a las fuerzas del
Estado.
Según un informe de octubre de 2008 de Amnistía Internacional, en 2007 fueron
asesinados fuera de combate 1.400 civiles. En 2006 los asesinados fueron
1.300. En el primer semestre de 2008, cerca de 270.000 personas huyeron
de sus hogares, lo que constituyó un aumento del desplazamiento forzado de 41
por ciento respecto de 2007.
La justicia logra condenas en sólo ocho de cada 100 homicidios,
según la Unión Europea.
Además, desde mediados de 2002 han sido asesinados al menos 1.200 civiles
indefensos para ser presentados como
bajas de la guerra contrainsurgente, es decir éxitos militares. (Le
llaman falsos positivos, también "Limpieza
social")
Durante siete días de gira en Colombia, el grupo parlamentario y sindical
recogió "información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales",
dice la declaración dada a conocer por Osborne.
La misión se reunió "con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo
intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos,
estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores
de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC".
Esa guerrilla ha liberado desde 2008 a ocho políticos a los que mantenía como
rehenes y a los que aspiraba a cambiar por sus combatientes presos, mediante una
negociación con el gobierno. Por fuga, o tras un rescate de inteligencia
militar, fueron liberados otros tres rehenes civiles, incluida la ex candidata
presidencial Ingrid Betancourt.
La misión viajó al oriental departamento petrolero de Arauca, en la frontera con
Venezuela, donde escuchó los testimonios de comunidades y personas afectadas por
la guerra, visito la cárcel de mujeres y al encarcelado líder defensor de
derechos humanos en la región, Martín Sandoval.
Los visitantes también se entrevistaron con Uribe y con altos representantes de
su gobierno, pero su reacción no fue
publicitada localmente.
"En vez de encarcelar a los verdaderos
criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición
política, y a defensores de derechos humanos" como Sandoval,
señala la declaración, que clama "por su liberación inmediata, y por la
liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas".
Los integrantes de la misión anunciaron que, de regreso a sus países,
"estaremos llamando por la inmediata
terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano".
También exhortaron a "la no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio
(TLC) hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera
internacionalmente verificable".
La aprobación de un TLC con Colombia fue paralizada en el Congreso legislativo
estadounidense con argumento parecido por el ahora gobernante Partido Demócrata.
Entretanto, el 26 de marzo el gobierno conservador del primer ministro
canadiense Stephen Harper abrió la cuenta regresiva de 21 días de debates para
obtener la ratificación de un TLC entre Canadá y Colombia, al presentar el
proyecto al parlamento de su país y radicar la ley para su aplicación.
Mientras, en la penúltima semana de marzo avanzó en Lima la segunda ronda de
negociaciones entre tres países andinos, Colombia, Perú y Ecuador, y la Unión
Europea, para alcanzar un acuerdo de libre comercio.
La misión parlamentaria y sindical advirtió que expondrá
"públicamente la complicidad de
empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales"
en Colombia.
También se propone actuar para poner fin a la "criminalización de la oposición
democrática y legítima", apoyar diálogos de paz y el intercambio de prisioneros
entre las FARC y el gobierno, así como
el cese de las ejecuciones extrajudiciales de civiles para mostrar éxitos en
combate por parte del ejército colombiano.
Entre los parlamentarios integrantes de la misión se destaca el ex ministro de
Defensa y ex portavoz del gabinete británico Peter Kilfoyle, quien renunció en
2000 por considerar que el entonces primer ministro Tony Blair no estaba
cumpliendo el mandato del Partido Laborista.
La misión fue coordinada por Justice for Colombia, una organización no
gubernamental británica creada en 2002, año en que fueron asesinados 184
sindicalistas en el país andino, considerado el lugar más peligroso del
mundo para ejercer la actividad sindical.
Justice for Colombia es integrada por más de 40 sindicatos industriales
británicos, además de otra decena de asociaciones profesionales y agrupaciones
del orden nacional.
En septiembre de 2007, la entidad convocó la furia del ministro de Defensa
colombiano Juan Manuel "Santos", al solicitar al por entonces
recién investido primer ministro británico Gordon Brown y a su secretario de
Relaciones Exteriores que pusieran fin a la ayuda militar a Bogotá.
La cooperación militar británica con la guerra colombiana es la segunda
después de la estadounidense. A su vez, Colombia es el tercer mayor
receptor de ayuda militar de Washington, después de Israel y
Egipto.
La petición de 2007 fue suscrita por todos los entonces miembros del comité
ejecutivo nacional del Partido Laborista que no integraban el gobierno, todos
los miembros laboristas del Parlamento Europeo, decenas de parlamentarios del
mismo partido y todos los sindicatos afiliados a esa colectividad.
"Los colombianos nos hemos acostumbrado a que este tipo de declaraciones
son importantísimas, y que ahora sí va a pasar algo", como lograr un
cambio en la política de ayuda militar al gobierno, dijo telefónicamente a IPS
desde Bogotá la defensora de derechos humanos Lilia Solano.
"Pero hay que esperar los resultados", agregó, "no estamos seguros de que sea
tan eficaz".
Por Constanza Vieira
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Cuando parlamentarios laboristas hacen estas declaraciones, teniendo en cuanta que estos personajes vinculados a poder, siempre hacen este tipo de declaraciones a la baja, pues imagínense ustedes la carnicería que tiene que estar cometiendo el ejército de Uribe.
La bala; las balas que tronaron en Berruecos, cuando la oligarquía asesinó a Sucre, siguen tronando todavía en Colombia y seguirán tronando hasta que el ejército hitleriano de Uribe sea derrotado igual que lo fue el de Somoza en Nicaragua.
Aun que en comparación con lo que está ocurriendo en Colombia el video se queda muy corto, pero es un referente de lo que esta ocurriendo.
Tamarant
Bajo el fuego somocista, Nicaragua