La migración en pateras: de Africa a las Islas Canarias

El Instituto de Estadísticas de Canarias anunció a comienzos del año 2006 que las islas habían alcanzado la cifra de los 2 millones de habitantes, con un crecimiento del 17% en los últimos seis años. Aún siendo importante el aporte de la población inmigrante “visible ante la Administración” (es decir, regularizada o empadronada), ésta supone un 11% del total. Dentro del conjunto de las personas inmigrantes que residen en Canarias, la mitad proviene de los países comunitarios, un 30% de países latinoamericanos, alrededor de un 10% de países africanos y el resto engloba a países diversos. Si además tenemos en cuenta los medios para acceder hasta tierras isleñas, encontramos que el número que lo hace arriesgando su vida en cayucos o pateras es realmente ínfimo. Y además según declaraciones del Delegado del Gobierno en Canarias José Segura Clavel, durante el 2005 se quedó en las islas menos del 1% de la población africana llegada en pateras. Para este año advierte “que ni uno sólo” se quedará aquí.

Sobre el total de personas migrantes llegadas en pateras para este año hay diferentes versiones: por un lado, tanto el Delegado del Gobierno en Canarias (cargo del PSOE) cifra en 20.000 de enero a agosto de 2006; por otro, el presidente del Gobierno de Canarias Adán Martín (cargo de Coalición Canaria) los sitúa para el mismo tiempo en 25.000. Descolgadas de ambas estadísticas, el general Francisco Gabella, responsable de la Guardia Civil y jefe del Servicio Fiscal y de Fronteras, calcula unos 20.000 los llegados a Canarias desde agosto de 2005 a 2006.

Con todo esto, distintos REPRESENTANTES POLÍTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALARMAN E INCITAN AL PENSAMIENTO Y LA RESPUESTA XENÓFOBA Y RACISTA manipulando interesadamente la realidad de la población “transeúnte o residente” en las islas. Hablan de “presión demográfica” haciendo una directa relación con la llegada de africano/as (20-25 mil en 8 ó 12 meses según las opiniones). Mientras, se enorgullecen en resaltar que durante el año 2005 Canarias recibió más de 9 millones de turistas, cifra que aspira a aumentarse hasta un total de 12 millones (durante el mes de marzo de 2006 las islas recibieron 944 mil turistas). Para esta otra parte de la demografía no se utiliza el calificativo de “presión”.

Aquí reside el grueso de la desesperación. Nadie puede asegurar cuántas personas están siendo enterradas en el océano Atlántico entre África y Canarias. De ellas no sabemos el número de ocupantes de cada embarcación, ni sus edades, ni sus procedencias, ni sus nombres. Para siempre, sus familias quedarán colgadas en la esperanza de pensar que quizás habiten en algún lugar del mundo mejor del que partieron. Una pequeña representación de sus cadáveres consigue alcanzar tierra para ser sepultados con un número como única identificación.

El gobierno canario confirma que durante este año han sido recuperados 490 cadáveres del mar. Cruz Roja y Media Luna calculan que el número de desaparecidos oscila entre 2000 y 3000. La misma cantidad cerciora la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) para el período de noviembre-diciembre de 2005 a mayo de 2006 (3000 muertes). A finales de marzo de este año la Asociación Unificada de Guardias Civiles alertaba de la muerte masiva de migrantes (1200-1700) durante los dos últimos meses de 2005.

El consejero de Presidencia y Justicia del gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, reconocía que la presencia de la Armada en las costas africanas estaba provocando como consecuencia que cada vez las pateras llegaran en peores condiciones o incluso no llegaran. Su explicación se basa en que estas pateras repostan combustible y comestibles en otros barcos “nodriza”. Nosotr@s tenemos certeza de que estos barcos de “apoyo” son inventados. Las pateras tienen que esquivar los controles y cada vez arriesgan más, saliendo por sitios más peligrosos y haciendo travesías más largas.

Existen dudas sobre la legalidad de las actuaciones policiales en aguas internacionales o de otros países. Motivo por el que el último fin de semana de septiembre se celebró en Madrid una Cumbre sobre Inmigración entre los países de la frontera sur. El objetivo era elaborar una propuesta de desarrollo de gestión de fronteras marítimas, para perfilar las actuaciones en casos de: patrullaje, vigilancia, salvamento, rescate, identificación, retorno y repatriación. En un tribunal de Gran Canaria se ganó un juicio a favor de un supuesto “patrón” de un cayuco. Se le acusaba de tráfico de personas, pero el dictamen recordaba que “su detención se había producido en aguas internacionales no siéndole de aplicación la legislación española”. Se presupone que en aguas internacionales, los barcos pueden auxiliar pero ¿qué tipo de auxilio hace una embarcación de la armada?

A lo largo de este año se han producido al menos dos casos en los que se ha constatado que no se procedió a asistir y auxiliar a los tripulantes de las pateras. Uno ocurrió en la isla de El Hierro donde se obligó a regresar a un barco y cuando llegó a destino había muerto un niño de 2 años. El otro es el del cayuco con 28 muertos ocurrido el pasado 13 de agosto, también obligado a dar marcha atrás. En este último, alguno de los supervivientes denunció que estaban cerca de Canarias y que se les obligó a regresar. Murieron de hambre y sed.

4. Los Centros de Internamiento (CIE) para extranjeros: hacinamiento e incomunicación

Las Islas Canarias cuentan con 3 CIE’s expresamente acondicionados para tal fin en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Sin embargo, de una semana a otra asistimos a la completa improvisación de lugares donde son “amontonados” los africanos (caso del garaje de la comisaría de policía de Las Américas). La cantidad de africanos que en ellos se encuentran son muy variables, tanto por la nueva llegada de pateras como por las repatriaciones masivas o los envíos a la península. Con fecha del 21 de septiembre de 2006, estas son las “instalaciones” y número de migrantes en Canarias:

Por tanto, en estos momentos son 11.346 las personas africanas que se encuentran privadas de su libertad y secuestradas en sus derechos. Según la legislación española vigente, estar indocumentado no es un delito sino una falta administrativa por lo que no se entiende que ninguna de estas personas se les tenga encarcelada.

LAS CONDICIONES EN LAS QUE MALVIVEN ESTÁN SIENDO DENUNCIADAS INCLUSO POR LA PROPIA POLICÍA, a través de sus sindicatos (CEP). Para el caso de la comisaría en Playa de Las Américas por ejemplo, están acostándose en el suelo (a veces encima de cartones), apenas pueden ni estirarse todos juntos porque no caben y se ven obligados a orinar en botellas de plástico o defecar en la calle. Es un lugar preparado para albergar coches no personas. No existe ninguna posibilidad de contar al menos con una ambulancia cerca, por lo que hace unas semanas un africano murió por no ser atendido a tiempo en la propia comisaría. Tampoco en el campamento militar de Las Raíces las cosas mejoran mucho. Están situados a más de 1000 metros de altitud en una zona boscosa y arenosa. Entramos en otoño y empezarán las lluvias y aquello se convierte en un auténtico charco. De nuevo, la misma policía nos ha ofrecido fotos del interior apreciando cómo las ratas comparten su comida. Esta instalación es militar y hace unos días se produjo una riña entre militares y policías por querer los primeros desalojar a los migrantes. En el CIE de Hoya Fría, los africanos han improvisado unos toldos con cartones para refugiarse de la intemperie constante.

Podemos imaginar que los derechos de asesoramiento legal, comunicación con el exterior (sólo un teléfono en el CIE de Hoya Fría), posibilidad de intérpretes y otros tantos derechos ni por asomo se acercan a la cotidianidad de estas “verdaderas cárceles”. Amnistía Internacional (AI) realizó una visita en el mes de junio de este año y publicó un informe con sus conclusiones en las que se recoge, entre otras, que: “uno de los principales motivos de preocupación es que los extranjeros no reciben información adecuada y suficiente en un idioma que puedan entender sobre sus derechos, su situación legal y sobre los procesos de devolución en los que se encuentran (…) Especialmente grave es que se vulnere un derecho fundamental de los extranjeros como es la asistencia letrada en los procesos de devolución”. Aclara AI que las autoridades españolas asumen que todas las personas son migrantes económicos por lo que no se está dando la opción de asilo o refugio. ACNUR ratifica este criterio al especificar que desde enero a mayo de 2006 de 10.000 inmigrantes llegados a Canarias, sólo 38 pidieron asilo. CEAR dice que se concedieron en todo el estado español 201 asilos en 2005 de un total de 5254 peticiones.

Sin embargo, la visita que durante el mes de junio hizo la Delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior europea a los CIE’s de Canarias no apreció estas valoraciones. Al contrario, en su informe recogen que “la impresión general es que los centros están limpios y correctamente dirigidos, y que suplen las necesidades más básicas de los internos” aunque también “la delegación expresa cierta preocupación respecto a la eficacia de la asistencia jurídica que reciben los inmigrantes”. Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del gobierno español, declaró en julio que los CIE’s de Canarias son los mejores de Europa.

Las leyes sobre protección jurídica del Menor han impedido hasta el día de hoy que éstos puedan ser incluidos en el lote de las repatriaciones masivas. Anteriormente las normativas sobre repatriaciones impedían que éstas se hicieran en colectivo. La velocidad de los acontecimientos políticos nos está dejando fuera de juego, pues los mismos que firman unas leyes protectores luego cierran acuerdos represores entre países. Los acuerdos bilaterales o multilaterales están haciendo de África una cárcel, impulsando la construcción de CIE (como en Mauritania) o legislaciones que condenan a prisión a quien intenta emigrar clandestinamente (Senegal). Estos acuerdos son los que han posibilitado que se lleven a cabo repatriaciones colectivas, cuando lo habitual es que cada caso tenga que ser estudiado por separado. Los menores no acompañados no entran en el saco de los “inmigrantes irregulares” por lo que no le son de aplicación las leyes de extranjería sino las del menor (hasta que cumpla la mayoría de edad).

Con fecha del 19 de septiembre de 2006 hay en Canarias más de 850 menores migrantes no acompañados, de los cuáles 400 son senegaleses, 250 marroquíes, 110 de Malí y el resto de Mauritania o subsaharianos. Los menores están siendo alojados en centros escolares, de la Cruz Roja o aulas de la naturaleza. En este caso, su atención y trato sí tenemos constancia directa de estar siendo adecuada (salvo el hecho de que les quitan sus pertenencias, móviles y en algún caso dos hermanos se han encontrado separados). La tutela, cuidado y formación de los menores corre a cargo de la Administración. El gobierno canario ya ha anunciado que en breve unos 500 menores serán repartidos por otras comunidades autónomas.

El peligro estriba en que el gobierno canario está presionando para que se modifique la Ley de Extranjería y se pueda incluir a los menores no acompañados. Directamente están solicitando poder también repatriar a los menores.

La cumbre de ministros de Interior celebrada en Rabat en julio de este año culminó los acuerdos de readmisión que se venían firmando entre países de UE y países africanos. Los convenios firmados dividieron a los países africanos en 3 categorías: países en conflicto (caso de Costa de Marfil), se aceptan como refugiados; países de “situación estable” (categoría dada por los políticos) que son los principales emisores (Senegal, Mauritania, Cabo Verde), sí aceptan las repatriaciones; países donde la situación no es estable pero tienen presencia los cascos azules (Liberia, Sierra Leona), sí aceptan repatriaciones asegurando las garantías de protección los mismos militares. El Ministerio del Interior dijo que en el 2005 habían sido devueltas a sus países 53000 personas migrantes (para el caso de Marruecos, son repatriados 2 de cada 3).

En bastantes ocasiones los migrantes que van a ser repatriados son engañados al subir al avión. Les cuentan que los llevan a una ciudad de la península y luego los entregan a las autoridades africanas sin asegurar su integridad física. Hay numerosos casos por ejemplo de Marruecos, que posteriormente los abandona en el desierto. También ha sucedido que las autoridades españolas los esposen en el transcurso de su traslado.

Una vez pasados los 40 días de internamiento (que el gobierno canario quiere aumentar a 65), si los migrantes no pueden ser repatriados a sus países de origen o a terceros que los acepten, son enviados a alguna ciudad de la península y allí los dejan en la calle con una botella de agua y un bocadillo (denunciado por Andalucía Acoge en agosto). Y aquí empieza otra odisea para ellos, otro viaje igual de duro que su travesía en el océano. Pues las oficinas de extranjería están acortando hasta el límite los permisos de residencia, además de eternizarlos en el tiempo. El permiso de trabajo está condicionado al de residencia, con lo cual se les obliga a vivir en la precariedad absoluta. Deben de trabajar para vivir (y demostrar a extranjería que tienen ingresos sin recurrir al robo) pero este trabajo está sin garantías de nada. Sin contrato, sin seguridad social, sin cotizar para el paro, sin poder acogerse a una baja laboral, sin si quiera poder denunciar a las empresas que se nieguen a pagarles una vez han finalizado su mes de trabajo. Y cuando no tienes papeles, difícil es que te alquilen una casa o tan sólo puedas recibir algún tipo de formación laboral. Existen Comunidades Autónomas que facilitan la tarjeta sanitaria independientemente de los papeles. En Canarias no se les está otorgando, aunque tengan demostrada su residencia con el empadronamiento por ejemplo. De tal manera, que un trabajador puede llevar 8 años en las islas, trabajando para la economía de toda la sociedad y sin ningún tipo de derechos como ciudadano, ni siquiera un médico.

Según publica un periódico local con fecha del 27 de julio, el Instituto Nacional de Estadísticas cifra para la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1 de enero de 2006 un total de 161.483 extranjeros empadronados, mientras que el Ministerio de Trabajo censa con residencia en vigor para la misma provincia unos 68 mil. Por lo que la redacción del rotativo afirma que unas 50.000 personas migrantes podrían vivir en situación de irregularidad en la provincia.

La consejera de inmigración Consuelo Rumí contabiliza en 2’8 millones los extranjeros con permiso de trabajo. ¿Cuántos serán en verdad los que viven en la precariedad absoluta? Su número creciente debido a las restricciones de las normativas para conceder los permisos está en aumento y de ello ha advertido el Senado cuando en sesión del 20 de junio del presente pidió al gobierno estudiar la concesión extraordinaria de autorizaciones de residencia y trabajo hasta que se resuelva “su orden de expulsión”.