Gráfica 13.1: Resultados del referéndum sobre la Ley de Reforma Política (diciembre, 1976)
Orientaciones para describir e interpretar la gráfica:
1) Descripción de la gráfica. Es una gráfica sectorial que permite analizar el resultado de un referéndum. Su naturaleza es política-electoral. Respecto a la cronología, tuvo lugar el 15 de diciembre de 1976, apenas un año después de la muerte de Franco, bajo el reinado de Juan Carlos I y el gobierno de Adolfo Suárez. En la parte inferior aparecen los datos de participación, que alcanzaron un 77,4%, frente al 22,6% correspondiente a la abstención. De los votos emitidos, el 94,2%, una abrumadora mayoría, votó afirmativamente; un 2,6% votó en contra; un 3% lo hizo en blanco y un 0,2% fue considerado nulo.
2) Interpretación de la gráfica. Adolfo Suárez fue nombrado presidente del gobierno en junio de 1976, tras la dimisión de Carlos Arias Navarro. Su propósito era llevar a cabo una transición política que diera paso a un régimen democrático por la vía legal ("de la ley a la ley"). Para ello inició contactos con los grupos de oposición, todavía en la clandestinidad, y promovió en las Cortes franquistas la aprobación de la Ley de Reforma Política. Esta ley, a la que se otorgaba el carácter de "fundamental", suponía el desmantelamiento del régimen franquista ya que preveía la elección de un Congreso de Diputados y un Senado por sufragio universal, con el concurso de los partidos políticos.
El trámite de la ley fue un proceso complejo de negociaciones con las diferentes "familias" del régimen, que consiguió aislar a los sectores más inmovilistas ("el búnker"). Finalmente fue posible gracias al respaldo de la monarquía y a ciertas garantías ofrecidas por Suárez de no exigir responsabilidades a los implicados en la dictadura y mantener la ilegalidad de la izquierda comunista. Un papel destacado en la elaboración y posterior aprobación de la ley recayó en el entonces presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda.
Sin embargo, la imprecisión del proyecto y la posición privilegiada de las fuerzas franquistas no satisfacían a la oposición, aunque el texto de la ley fue recibido con expectación. El PCE se mostró abiertamente opuesto a la fórmula propuesta por el Gobierno, a la que acusó de eludir un auténtico proceso constituyente; también se mostró en contra el PSOE que incluso promovió una resolución condenatoria en el Parlamento Europeo. La realidad es, sin embargo, que la mayor parte de los grupos opositores planteó protestas formales mientras esperaban, interesados, el desarrollo de los acontecimientos.
Cuando el gobierno convocó el referéndum para aprobar la LRP, el 15 de diciembre de 1976, la oposición de izquierdas realizó una campaña a favor de la abstención que, según datos oficiales, alcanzó el 22,6%, tal como figura al pie de la gráfica. No parece, por tanto, que en este momento consiguiera hacer llegar sus propuestas a la sociedad española, ya que la incidencia de la abstención puede considerarse insignificante, teniendo en cuenta que porcentajes similares son habituales en cualquier consulta electoral. Solamente en el País Vasco, especialmente en Guipúzcoa, daba la sensación, por el número de abstenciones, de que la senda de la democracia se iniciaba con un apoyo social insuficiente.
Por el contrario, este resultado mostró que el gobierno fue capaz de mantener la iniciativa política, obligando a la oposición a replantear su estrategia, que renunció a numerosos contenidos de la "ruptura democrática" como el rechazo a la monarquía, la formación de un gobierno provisional o el derecho a la autodeterminación. Además, la participación en el cambio a través de la LRP potenció la propia acción de los partidos políticos en detrimento de los organismos unitarios y de las movilizaciones populares. No obstante, la apuesta por la abstención, que no rechazo a la LRP, se planteó más como una forma de presionar a Suárez para llevar efectivamente a cabo lo dispuesto en la ley, emanada de las propias instituciones franquistas. Los grupos de oposición democristianos, liberales y socialdemócratas optaron por otorgar libertad de voto a sus seguidores.
La sociedad española participó masivamente en la consulta electoral y apoyó abrumadoramente la propuesta gubernamental hacia la democracia, que se veía como la menos traumática para llevar a cabo un cambio pacífico. Además, el gobierno disponía de todos los principales medios de comunicación de masas (televisión, prensa, radio) para hacer campaña promoviendo la participación ("habla, pueblo, habla" fue el lema popularizado) y, lógicamente, el voto afirmativo. Este ascendió al 94,2% de los emitidos. Los votos negativos, apenas un 2,6%, reflejaban con claridad el escaso apoyo con que contaban las fuerzas inmovilistas del régimen, contrarias al proceso de reforma democrática. Dentro del peculiar contexto en que se celebró, fue desde luego la consulta más libre que se había producido en España desde la Guerra Civil, y la mayor parte de la población sintió que había expresado su opinión sin ser manipulada.
En conclusión, el resultado favoreció al gobierno Suárez, al Rey y a los sectores aperturistas del régimen. A partir de aquí se iniciaría rápidamente el proceso de restablecimiento de libertades democráticas, la legalización de los partidos políticos (incluido el PCE) y la celebración de elecciones generales (junio de 1977, apenas 6 meses después de aprobarse la ley). La oposición se vio obligada a replantearse su estrategia y a participar en el proceso de reforma.
27/05/2007