MANIFIESTO FUNDACIONAL DE LA

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL HOSPITAL

SEVERO OCHOA.

La ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA nace como respuesta a la agresión perpetrada contra nuestro Hospital por el Consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela. Agresión sin precedentes históricos ni aún remontándose a la dictadura franquista. Nunca antes de ahora, destruir el honor y la fama de un hospital público y someter a sus profesionales a un acoso laboral y mediático, incompatibles con la serenidad que requiere nuestro trabajo, había sido empeño manifiesto de un responsable político de la Sanidad.

El consejero Lamela ha actuado desde el principio de la crisis desencadenada por él, con un grado de irresponsabilidad y torpeza inaceptables en quien es la máxima autoridad sanitaria de nuestra Comunidad. Incapaz de rectificar, inició luego una espiral de acciones inadmisibles que han desembocado en la situación demencial de un consejero de sanidad denunciando y estimulando a los ciudadanos a que demanden, a los profesionales que de él dependen, mientras apoya a plena satisfacción a unas asociaciones, presuntamente defensoras de los pacientes, que no han hecho otra cosa que calumniar, faltar al honor de los profesionales de nuestro Hospital y, utilizando información fraudulentamente obtenida, presionar e intentar sembrar dudas en las familias de pacientes fallecidos en nuestro Hospital.

La irresponsable actuación del consejero Lamela ha quebrado el principio de confianza entre los profesionales sanitarios y sus pacientes, mostrándonos a sus ojos como delincuentes y profesionalmente incapaces.

El consejero Lamela, apoyado en todo momento por el Partido Popular y por su jefa de filas, la presidenta Esperanza Aguirre, ha permitido y alentado, la difusión de noticias falsas y calumniosas para el honor de nuestro hospital y de sus profesionales, sin desmentirlas jamás. Aún más, ha mentido él mismo con total alevosía en la cámara de los representantes del pueblo, con la infamia de que tras el cese de Luis Montes no se habían producido más muertes en Urgencias, intentando justificar con su mentira, lo injustificable a todas luces.

Para culminar hasta el momento su gran hazaña, el consejero Lamela inventó un órgano inspector inexistente, que en la más rancia tradición inquisitorial que él representa, previo secuestro de los historiales clínicos y sin permitir la menor posibilidad de explicación o defensa de los implicados, se erigieron sin fundamento, no sólo en expertos, sino en depositarios de la verdad. Este comité, fuera de toda legalidad ni legitimidad, no ha tenido ningún reparo en emitir un informe sin fundamentación científica, sesgado, parcial, tendencioso y metodológicamente falso, dirigido a lograr titulares inculpatorios en los medios de comunicación y así trasmitir a la opinión pública la idea de que el Severo Ochoa ha sido juzgado y condenado, cuando no a influir en los órganos judiciales que, tras su denuncia, deberán intervenir.

La gravedad de las consecuencias para la población y para los sanitarios que a ella nos debemos es tal, que resulta imposible admitir la simple torpeza como explicación de tal cúmulo de desatinos. De ser así, alguien en su partido tendría que haber parado esta dinámica del Consejero Lamela en su huida hacia delante. Todo parece indicar pues, una deliberada intención de desprestigiar la sanidad pública en aras de una política que trasfiera renta pública a manos privadas. El consejero y su Partido tenían el arma cargada, el anónimo denunciante sólo les marcó la primera presa.

Las personas que impulsamos esta ASOCIACIÓN, creemos en la Sanidad Pública, única capaz de asegurar la universalidad y calidad del cuidado de la Salud a que están obligados los Poderes Públicos.

Defendemos sin ninguna reserva, que los cuidados paliativos en situación terminal son un derecho de los ciudadanos que nadie puede hoy negarles. Que este derecho, como el resto de los derechos sanitarios, debe ser garantizado por la Sanidad pública, como única forma de que la asistencia en el final de la vida no quede en manos de instituciones que antepongan consideraciones religiosas o de otro tipo, a las puramente técnicas. Resulta muy revelador al respecto, que la ley de últimas voluntades que tramita el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, no reconozca el derecho del paciente a elegir la sedación terminal y sí el presunto derecho de objeción de conciencia de los profesionales para aplicarla.

Creemos firmemente, en el principio de Presunción de inocencia, y en el derecho a la defensa del honor.

Condenamos el ejercicio de un periodismo cliente capaz de mentir, incluso a sabiendas, con tal de acudir en ayuda del amigo o incluso simplemente de perjudicar a quien consideran enemigo. Actitudes como las padecidas en este ya largo conflicto, manchan una profesión que consideramos debería ser garante de los principios democráticos que inspiran nuestro Estado de Derecho.

Creemos en esos principios democráticos y en la libertad de pensamiento y acción en el marco de la legalidad y exigimos de los poderes públicos la misma estricta sujeción a la ley.

Nos empeñamos y nos comprometemos ante la sociedad, especialmente ante la población a nosotros confiada, a defender el honor colectivo e individual de cuantos formamos parte de nuestro querido Hospital Severo Ochoa y a emprender cuantas acciones públicas estimemos pertinentes, incluidas las judiciales, a fin de lograr la restitución de nuestra dignidad profesional y personal hoy ultrajadas por quienes deberían haber velado por ellas.

Confiados en la justicia de nuestra causa, llamamos a cuantos comparten estos principios, a unirse con nosotros en la lucha por la dignidad de nuestro trabajo.

Una vez más decimos con orgullo que trabajamos en el Severo Ochoa.