Por el buen nombre  

Desde que estalló, hace ahora un año, el escándalo de los presuntos casos de eutanasia, el hospital público Severo Ochoa, de Leganés, al sur de Madrid, ha vivido bajo un pesado y muy probablemente injusto clima de sospecha sobre la actuación de algunos de sus profesionales. Varias asociaciones vecinales, con el apoyo de las organizaciones sindicales, protagonizaron ayer una manifestación "en defensa del hospital y por la dignidad de los trabajadores". Es hora ya de que la situación del centro se normalice y se acometan problemas de mayor calado como son su masificación y la falta de medios. Hay que augurar que la Justicia, que no se ha desenvuelto precisamente con gran celeridad, devuelva el prestigio a los médicos afectados cuando en breve se hagan públicas las conclusiones.

A finales del mes pasado se conocieron algunos elementos de lo que puede deparar la investigación. Un juez de Leganés archivó, por "falta absoluta de indicios", una querella por supuesto homicidio imprudente presentada por la familia de un paciente, de 78 años, que ingresó en situación agónica terminal en 2003 y falleció horas después. El magistrado determinó que la actuación del médico fue correcta y conforme a los cánones de la ciencia médica, y que antes de aplicar la sedación consultó con un especialista y recibió la autorización de los familiares, que pese a ello han decidido recurrir el auto. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, había considerado este caso como uno de los más claros de sedación contraindicada en su batalla judicial abierta contra la dirección del hospital y el coordinador del departamento de Urgencias, destituidos hace un año.

La crisis estalló tras una denuncia anónima que acusó al entonces coordinador de Urgencias de terminar con la vida de más de 400 pacientes con sedaciones irregulares. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, no vaciló en destituir a todo el equipo directivo, pese a que un primer informe de su propio departamento excluía que hubiera habido mala praxis clínica. Lamela presentó luego una demanda sobre 73 supuestos casos irregulares, lo cual obstaculizó la investigación que había abierto antes la Fiscalía de Madrid. La situación degeneró y se trocó en una batalla política entre PP y PSOE. La conducta de Lamela y su presunto celo para resolver el asunto son más que discutibles. Y todo ello ha hecho enorme daño al hospital Severo Ochoa y, en general, a la sanidad pública española.