Apartheid
El racismo contemporáneo es la secuela de hechos históricos que, como el colonialismo, tuvieron su justificación económica e ideológica. No es extraño que el apartheid fuese la fase última de un racismo colonial llevado hasta sus últimas consecuencias. La práctica del apartheid ha constituido hasta su eliminación una amenaza para la paz internacional. De ahí que la lucha contra el racismo sea uno de los objetivos principales de los organismos internacionales y de las organizaciones a favor de los derechos humanos.
El término apartheid que en lengua afrikaner significa separación describe la rígida división racial entre la minoría blanca gobernante y la mayoría (bantúes, mestizos, indios y pakistaníes) de color, vigente en Sudáfrica hasta las primeras elecciones generales celebradas en 1994 en las que Nelson Mandela fue elegido presidente. Esta práctica de discriminación contra los negros, iniciada como política oficial en 1948, se remonta a un par de siglos, desde que llegaron los colonos europeos a África y comenzaron a apoderarse de las tierras de la población autóctona. En 1910, los afrikaners o bóer (descendientes de los colonos holandeses) y la población inglesa se unieron para formar la Unión Sudafricana y adoptaron una estrategia deliberada de discriminación en la que los negros perdieron todos sus derechos. Bajo este sistema la población minoritaria (14%) se adueñó del 87% de las tierras e impuso su poder político basado en un conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones discriminatorias, aplicadas por un enorme aparato militar represivo. Algunas de estas leyes fundamentales del apartheid fueron: Population Act (clasificaba a la población por razas), Group Area Act (el país se divide por zonas raciales), Bantu Laws Amendment Act (permitía el desalojo o encarcelamiento de los africanos desempleados), Riotous Assemblies Act (prohibía cualquier reunión pública de dos o más personas) o Internal Security Act (autorizaba la detención y el encarcelamiento sin sometimiento a juicio). Sin duda que el sistema de apartheid constituía un régimen social basado en la conculcación sistemática de la mayoría de los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Después de los disturbios antiapartheid ocurridos en Sharpeville en marzo de 1960, el gobierno ilegalizó las organizaciones políticas negras, incluido el Congreso Nacional Africano que se creó en 1912 para luchar contra estas políticas injustas. Debido a las escaladas de violencia, huelgas, boicots y manifestaciones en el interior del país, el derrocamiento de los gobiernos colonialistas de Mozambique, Zimbabwe y Angola, junto con las presiones internacionales el gobierno sudafricano se vio obligado a revocar algunas de las restricciones legales, aprobando reformas que permitieron la organización de sindicatos negros y cierto grado de participación política por parte de la oposición. El presidente electo Frederik Willem Klerl puso fin en 1990 al sistema de apartheid con la liberación del dirigente negro Mandela y la legalización de las organizaciones políticas negras.
La condena del apartheid como un crimen se vio reforzada en el derecho internacional por la adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1973, de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid que establece que se considerará criminalmente responsables de apartheid en el plano internacional a los particulares, los miembros de las organizaciones e instituciones y los representantes del Estado, tanto si residen en el territorio del Estado en que se perpetran los actos como en cualquier otro Estado.
En la actualidad, pese a la erradicación de este crimen contra la humanidad en Sudáfrica, en muchas partes del mundo el odio racial o la discriminación por razón social, sexo o motivo religioso están presentes como en el caso de Afganistán donde desde 1996 la milicia extremista de los talibanes impuso un estado brutal de apartheid (segregación racial) de género en el que mujeres y niñas fueron despojadas de sus derechos humanos más básicos, arrebatándoles su visibilidad, su voz y su movilidad. Expulsadas de las escuelas y de las universidades, forzadas a vestir las “burga” o “chadari”, incapacitadas para caminar con libertad siempre acompañadas por un pariente, brutalmente golpeadas, azotadas o asesinadas, las mujeres afganas sufren los edictos y decretos que limitan sus derechos al trabajo, la educación o la salud.